La consecuencia de esta continuada inyección de odio ha sido el nacimiento en los contornos del "nacionalismo oficial" de una generación de jóvenes aun más radicales que no dudan en utilizar la violencia para reprimir cualquier signo de españolidad.
Desde hace varias décadas, la atmósfera ideológica que se vive en Cataluña resulta insufrible para aquella parte de la población que no comulga con las ruedas de molino nacionalistas. Los partidos políticos, incluido el PP, parecen haber asumido la necesidad de exaltar la identidad colectiva como un corpus lingüístico, cultural e histórico diferenciado e incluso contrapuesto al del resto de los españoles.
El precio a pagar por esta construcción nacional no ha sido precisamente reducido. Al exilio de decenas de miles de ciudadanos, profesionales y empresarios se ha sumado el acoso social e institucional hacia las asociaciones cívicas que osan desafiar los planteamientos de la casta política mayoritaria.
Ha sido necesario llevar a cabo toda una campaña propagandística y adoctrinadora en tantos frentes como ha sido posible: los medios de comunicación, las administraciones, la vida interna de las empresas y, por supuesto, la educación. Con el nacionalismo al poder, pero especialmente desde la Ley de Política Lingüística de 1998, estudiar en español se ha ido convirtiendo progresivamente en un imposible. Los derechos de los padres para educar a sus hijos en sus valores, en sus ideas y, desde luego, en su lengua, se han violado sistemáticamente como condición sine qua non de la nueva Catalunya.
La consecuencia obvia de esta continuada inyección de odio no ha podido ser otra que el nacimiento en los contornos del "nacionalismo oficial" de una generación de jóvenes aun más radicales que no dudan en utilizar la violencia para reprimir cualquier manifestación de españolidad.
Afortunadamente, no todos los catalanes se resignan a que el avanzado (y en buena medida irreversible) entramado de dominación política pergeñado por el nacionalismo termine de consolidarse. Hace poco más de un mes, el 28 de septiembre, miles de personas se manifestaron en Barcelona a favor de la libertad lingüística y de la convivencia pacífica y armoniosa de los españoles. La exitosa convocatoria corrió a cargo de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, la formación política que, pese a su corta vida, con mayor contundencia está defendiendo los derechos de todos los catalanes.
Ayer, Ciudadanos volvió a rebelarse contra otro de los instrumentos de control del nacionalismo: la uniformización lingüística e ideológica de la educación. La nueva ley educativa que prepara el tripartito no sólo conserva sino que empeora algunos de los aspectos más liberticidas del sistema de enseñanza pujolista, en la medida en que se reducen, aun más, las posibilidades para escuchar en algún momento el castellano dentro de las aulas.
Varios grupos izquierdistas se unieron también a la manifestación, pero no para protestar contra la imposición lingüística, sino contra una supuesta e inexistente voluntad privatizadora de las escuelas públicas por parte del socialismo catalán (ya se sabe que para la izquierda más extrema cualquier medida que no multiplique el gasto público y prohíba los centros privados equivale a una subrepticia voluntad de acabar con todos los privilegios funcionariales y a cortar el chorro de financiación a costa del contribuyente).
El resultado era inevitable: para estos cachorros del odio nacionalista, la simple presencia pública de declarados críticos del proceso de construcción nacional constituye una afrenta que debe ser aplacada por cualquier medio, violencia incluida. Los golpes e insultos hacia Ciudadanos se sucedieron ante la pasividad de una policía regional (convertida en guardia personal del Gobierno) en algo que, por mucho que resulte habitual en la Cataluña nacionalista, no deja de constituir un acto vergonzoso que debería mover a la reflexión ciudadana y política.
La degeneración a la que se ha llegado tendría que constituir una luz de alarma para que el PP se replanteara su estrategia del avestruz (especialmente cuando él mismo fue objeto de agresiones pasadas) y el resto de individuos que no mamen económica o ideológicamente del nacionalismo emprendan su particular oposición al régimen.
Aunque, por desgracia, no parece que nada vaya a cambiar. La mayoría de la población está tan acostumbrada a que sus libertades sean pisoteadas, que lo más conservador y cómodo será hacer como si nada hubiera pasado. Esperemos que Ciudadanos, pese a las amenazas y las coacciones, continúe ejerciendo su imprescindible papel de refugio último de la dignidad catalana.
