La conmemoración del trigésimo aniversario del golpe de estado revela con sucinta plasticidad la propensión de la clase política española, de la oposición y sustancialmente del PSOE, a pasar página y cerrar en falso los asuntos cruciales de la vida nacional. De los abundantes testimonios de estos días cabe colegir que en torno al 23-F se ensayaron los protocolos de manipulación e intoxicación que con dispar eficacia se han aplicado a los GAL, el 11-M y a cuantos expedientes puedan suscitar dudas respecto al papel de políticos, jueces, gobiernos e instituciones. Que Alfonso Guerra declare en la televisión pública que hay cintas con reveladoras conversaciones del 23-F que no se han hecho públicas remite directamente a los procedimientos indagatorios aplicados al mayor atentado de la historia de España o al más reciente "caso Faisán". Tal vez las cintas ocultas a las que alude con notable desenvoltura Guerra incluyen una aclaración respecto al papel de los dirigentes socialistas que se reunieron con Armada días antes del asalto al Congreso, extremo sobre el que ni sus protagonistas a título individual, ni el partido, han dado explicaciones coherentes.
El acceso al poder del PSOE meses después del golpe de Estado no sirvió, contra lo que cabía pensar, para aclarar las tramas golpistas. Pocos años más tarde, poderosos mecanismos del Estado fueron puestos al servicio de una guerra sucia contra el terrorismo que daba cuenta de la irrefrenable tendencia socialista a tomar atajos contra la ley y al margen de cualquier control democrático. Con la mirada en el retrovisor y sobre lo ya prescrito, Felipe González tuvo a bien aclarar a la sociedad española hace pocas semanas que se le ofreció la posibilidad de acabar con la cúpula de ETA mediante un atentado. Es obvio que tal propuesta no procedía de los conductos oficiales, lo que de suyo aporta algo de luz respecto a la famosa X de los GAL.
Si los años ochenta estuvieron marcados por el 23-F y parte de los noventa por los GAL, el atentado del 11-M volvió a poner a la sociedad española a los pies de un acontecimiento de brutales consecuencias. Y como en los ochenta, el abrupto vuelco político subsiguiente se caracterizó, entre otras cosas, por la imposición de una espesa cortina de humo. Es probable, eso sí, que cuando se cumplan treinta años de la masacre algún socialista admita que existieron pruebas que no vieron la luz, que fueron manipuladas, camufladas o directamente eliminadas; que no se llegó a saber, ni de lejos, toda la verdad. Sea como fuere, queda claro que los hechos más abruptos y dramáticos de nuestra historia democrática están destinados a ser pasto de la intoxicación interesada y munición para la mentira. En España, la aspiración ciudadana y democrática de conocer la verdad queda siempre en un segundo plano, por detrás de los intereses políticos, en medio de un relato en el que la realidad es lo de menos y los hechos, un cúmulo de anécdotas o singulares coincidencias que no tienen mayor importancia una vez alcanzado el poder, lo que siempre resulta, como mínimo, muy sospechoso.