El pasado 17 de abril, un grupo de agentes de Vigilancia Aduanera, organismo dependiente de la Agencia Tributaria, esto es del Ministerio de Hacienda, esto es de Cristóbal Montoro, detenían al exvicepresidente económico de los gobiernos de Aznar, Rodrigo Rato, en su domicilio del centro de Madrid. Antes incluso de la llegada de los agentes las cámaras de televisión hacían guardia frente al portal. Lógicamente, alguien les dio el aviso previamente. Vecinos y curiosos asistían atónitos a un despliegue sin precedentes en pleno Barrio de Salamanca de Madrid de un cuerpo, el de Vigilancia Aduanera que, como su nombre indica, desarrolla sus funciones en las aduanas. La sobreactuación de los agentes, pertrechados con chalecos con el logo de la Agencia Tributaria, completaban una escena más propia de una película de serie B que de una operación policial seria en un país civilizado. Uno de ellos introducía a Rato en el coche colocándole la mano sobre la cabeza. Un gesto habitual que, tal y como explicaban asombrados desde los sindicatos policiales, tiene como objeto evitar que el detenido se golpee la cabeza con el coche, como consecuencia de llevar las manos esposadas sobre la espalda. Rato no llevaba esposas pero la imagen ya abría prácticamente en tiempo real las portadas de los diarios digitales y los telediarios, mientras reinaba la confusión sobre quién y en base a qué había ordenado la detención.
Desde el primer momento las piezas del rompecabezas encajaban perfectamente: se buscaba el escarmiento y linchamiento público de Rodrigo Rato, en la precampaña de las elecciones municipales, para desviar el foco mediático de la corrupción del Gobierno de Rajoy, acorralado aquellos días por la Operación Púnica y la salida de prisión de Bárcenas, hacia el PP de Aznar. El desarrollo posterior de los acontecimientos no ha hecho sino confirmar esta impresión inicial. La detención fue ordenada por la Fiscalía de Madrid, a instancias de la Agencia Tributaria, sin el conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el juez instructor del caso Bankia, Fernando Andréu. Fue un juez ajeno al caso, que se encontraba de guardia, quien a instancia del fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, autorizó el registro y la posterior detención. Sin embargo, la principal acusación de la Agencia Tributaria sí que engarzaba directamente con el caso Bankia: alzamiento de bienes para evitar el pago de las fianzas derivadas de este caso. A día de hoy, nadie ha explicado ni desde la Fiscalía ni desde el Ministerio de Hacienda por qué se procedió al margen de la Audiencia Nacional.
Rato estuvo apenas unas horas detenido, pero las televisiones siguieron varios días apostadas frente a su domicilio, con el martilleo incesante de imágenes del exvicepresidente entrando y saliendo de su casa. De los cargos iniciales que se imputaba a Rato: alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y delito fiscal, hoy sólo se mantiene el último, el menos relevante penalmente. El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal no ha encontrado indicio alguno de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, acusaciones con las que la Agencia trubutaria y la Fiscalía de Madrid sustentaban la aparatosa y estrambótica operación de Aduanas en el centro de Madrid. Es más, a día de hoy, ni siquiera parece fundamentada la acusación de delito fiscal. Rato, que había sido citado hoy por el juez, no ha declarado porque todavía desconoce de qué le acusa exactamente. Está a la espera de un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) en el que se concreten las acusaciones. La directora de este organismo, Margarita García Valdecasas, declaraba el pasado lunes ante el juez y ni siquiera ratificaba el informe inicial que, según la versión oficial, desencadenó la detención. Dijo que ella no era la autora y que que en todo caso era una "denuncia temprana de posibles riesgos".
Ante semejante panorama, quienes deberían ser abucheados por los ciudadanos son los jueces, fiscales y políticos que corrompen cada día una Justicia politizada hasta el tuétano. La ira de los preferentistas y los estafados de Bankia es tan comprensible como miserable es manipularla políticamente. Si Rato ha infringido la ley durante su periodo como presidente de Bankia debe responder ante la Justicia como cualquier ciudadano, faltaría más. Nadie cuestiona eso. En eso debería consistir la justicia en un Estado de Derecho. Otra cosa muy distinta es una operación político-mediática que pretende convertir a Rato en el chivo expiatorio y único responsable del saqueo de las cajas de ahorro en el que participaron con entusiasmo la clase política en su conjunto, gobiernos autonómicos, sindicatos y patronal.