Uno de los peligros más evidentes de expandir las competencias y el intervencionismo del Estado es que, al mismo tiempo, se está incrementando el poder de los políticos. Nuestros gobernantes, pese al aura de supuesta profesionalidad y seriedad que algunos todavía mantienen, no son más que personas de carne y hueso como el resto de los españoles. Ni son menos codiciosos, ni menos corruptos, ni menos malévolos. Por consiguiente, más poder en sus manos equivale a más instrumentos para dar rienda suelta a su codicia, corrupción y maldad. Los medios públicos, cuya existencia se justifica en el servicio que proporcionan a los ciudadanos que los han financiado coactivamente, tienden inevitablemente a mezclarse con los medios privados de sus gestores: vehículos, despachos, viviendas, asistentes, dietas...
En España esta confusión adquiere además otro nivel, en la medida en que nuestra partitocracia tiende a fusionar, por un lado, Gobierno con partido político y, por otro, a ambos con sus dirigentes. Ejemplos no faltan en los 30 años de democracia pero la cuestión ha vuelto a plantearse con el polémico uso del avión Falcon que viene realizando Zapatero para acudir a sus mítines electorales.
Sin embargo, este hecho, por grave que pueda resultar, no es más que una anécdota dentro de una categoría mucho más amplia y preocupante. En España, los políticos de todos los partidos, sin demasiadas distinciones, han patrimonializado casi por completo la Administración y se han olvidado de que su primera y esencial función es la de servir a los españoles. Ayer nos enteramos de que el Ejecutivo, a través del PSOE, puso a disposición de la Cadena SER el archivo de seguridad de La Moncloa (la hipótesis de que la SER hubiese accedido al archivo sin la aquiescencia del Gobierno sería aún más preocupante por los agujeros que desvelaría en la seguridad de La Moncloa) para perjudicar al líder de la oposición. Es decir, la información confidencial depositada en la Presidencia del Gobierno se abre para el uso y abuso que pueda hacer de ella un medio privado en beneficio de los intereses de los dirigentes socialistas (que no de la Presidencia del Gobierno ni de los españoles).
Lo mismo puede decirse de la dejación total de sus funciones durante dos semanas por parte de Zapatero con el fin de atender a sus compromisos como líder del PSOE (que no de presidente del Gobierno o ni siquiera de candidato a las elecciones europeas). En otras palabras, Zapatero antepone los intereses electorales de su partido (que, en definitiva, influyen decisivamente en sus intereses particulares) a los de su gestión al frente del Gobierno. Por tanto, una de dos, o Zapatero está provocando un quebranto a la ciudadanía por dejar de gobernar durante medio mes o, más probablemente, el tamaño y competencias de la Administración y del Ejecutivo son mucho mayores de las realmente necesarias; si Zapatero y medio Gobierno socialista pueden dedicarse a tareas del partido durante dos semanas sin que los españoles lo noten lo más mínimo, ¿acaso no será porque la labor que desempeñan no es tan esencial como nos han hecho creer?
Pero en este último supuesto, tal vez convendría replantearse si esas hipertrofiadas competencias del Estado –y los sueldos que llevan aparejados– son realmente imprescindibles o una simple excusa para que los políticos puedan seguir utilizándolas como si de un cortijo privado se tratara. Y, en todo caso, debería abrirse ya el debate de si un gobernante durante su mandato debería poder ocuparse con tal intensidad de la vida interna de su partido político; es decir, habría que plantear seriamente la necesidad de separar al partido político de la institución a la que da apoyo. El problema no es tanto que Zapatero vaya en Falcon a un mitin del PSOE, sino que vaya y desatienda su función pública.
No estaría de más que el PP les afeara su conducta a los socialistas precisamente por esto, por mucho que ellos, en numerosas ocasiones, se comporten exactamente igual. Por algún lugar ha de comenzar la regeneración y convendría que la liderara el PP.
Sin embargo, no parece que este giro de estrategia esté en el horizonte popular. Luego, estos mismos políticos se sorprenden de que la ciudadanía –que contempla este lamentable espectáculo con una mezcla de desprecio, resignación e indiferencia– prefiera quedarse en casa en lugar de opinar en las europeas sobre qué partido político es el más apropiado para robarles la cartera. Al fin y al cabo, esos mismos políticos han estado tirándose los trastos a la cabeza por no acordar la letra pequeña de la factura que cargan al contribuyente y olvidándose de discutir lo que, en teoría, se dilucida en los próximos comicios: el futuro de la Unión Europea. Ahí muestran nuestros políticos cuáles son sus verdaderas preocupaciones.