En parte tapado por muchos otros asuntos de mayor actualidad y urgencia, el debate sobre la construcción de un centro religioso, cultural y comunitario musulmán a pocos metros de la Zona Cero, llamado Casa Córdoba, ha alcanzado la primera plana tras un discurso con motivo del Ramadán en el que Obama entró en el debate reafirmando el derecho de los musulmanes a rezar donde quieran, como no podía ser de otro modo. No obstante, el presidente de los Estados Unidos rebajó al día siguiente las expectativas de quienes defienden la mezquita afirmando que eso no significaba que apoyase su construcción o dejara de hacerlo. Y es esa, en apariencia, pequeña diferencia la que marca un mundo de diferencia.
Cándido Azpiazu, el asesino de Ramón Baglietto, tiene un derecho legal a montar una cristalería enfrente de la casa en la que vive su viuda, Pilar Elías. Pero sólo una sabandija apoyaría semejante decisión. Es un problema de respeto a las víctimas, no de libertad de establecimiento. Del mismo modo, los promotores de la mezquita tienen derecho a construirla al lado de la Zona Cero, derribando para ello un edificio dañado por fragmentos de unos de los aviones del 11-S. Pero no es precisamente una idea que respete la sensibilidad del prójimo ni facilita el objetivo de "tender puentes", que es la razón que públicamente se ha dado para su construcción.
Es por eso que una mayoría de los estadounidenses y los neoyorquinos se opone a la Casa Córdoba. Cerca de un centenar de mezquitas funcionaban antes del 11-S en Manhattan y lo siguieron haciendo después con plena normalidad y sin provocar ninguna protesta. Pero este proyecto en particular ha levantado ampollas entre las víctimas y sus compatriotas. "Nadie que haya vivido la historia del 11-S y sentido el aguijón de la pérdida para nuestro país de aquel día puede creer sinceramente que someter a nuestras familias a más dolor pueda suponer un acto de paz", ha declarado Debra Burlingame, víctima del 11-S, mujer del piloto del avión que estrellaron contra el Pentágono.
Burlingame saltó a la fama como portavoz de la oposición de las víctimas a la construcción de un museo en la Zona Cero, financiado entre otros por George Soros, en el que se "contextualizaba" el ataque con referencias a la política exterior norteamericana y el viejo y falso eslogan progresista de enlazar pobreza y terrorismo. Como la responsabilidad sobre el antiguo emplazamiento de las Torres Gemelas era pública, el gobernador del estado pudo prohibir el museo. No es el caso, y aunque ha habido peticiones de convertir el edificio que se derruirá en un monumento público han fracasado, y con razón, porque no lo es.
Muchos temen que edificar la Casa Córdoba tan cerca de la Zona Cero se convierta en un símbolo para los islamistas, un acicate para seguir con su lucha. Pero es un peligro hipotético, y quizá no muy realista. Sin embargo, lo que sí es una realidad innegable es que para las víctimas esta mezquita supone un sacrilegio que viola el suelo sagrado en el que mataron a los suyos. Y que tienen la sensación de que en Estados Unidos se respeta más el derecho de los musulmanes a rezar donde quieran que el suyo a honrar a sus muertos ahí donde cayeron.
Es probable que las palabras de Obama sobre este asunto no sean más que política de la mala, la de quien dice sin decir y se niega a tomar postura. Pero sirven para recordarnos la gran diferencia entre ley y moral; que no todo lo que está permitido es bueno, y que tener derecho a algo no significa que debamos hacerlo. Si el imán Feisal Abdul Rauf, promotor de Casa Córdoba, logra entender esta diferencia y acepta la oferta de trasladarla, habrá cumplido de verdad con su publicitado objetivo de tender puentes.