Uno de los rasgos esenciales de las democracias es que los asuntos públicos se ventilan, precisamente, de cara al público. El secretismo, las reuniones alejadas del foco de los medios, sin testigos y que se ocultan a los ciudadanos son cosas propias de otros regímenes, aquellos en los que el destino de los países se decide en conciliábulos entre unos pocos capitostes.
Si esto es cierto para prácticamente cualquier tema que tenga que ver con la gestión política, todavía lo es más para los que afectan a lo más esencial de lo que pueden tratar los servidores públicos: la soberanía nacional, la integridad territorial, el terrorismo o el tratamiento penal que debe darse a los condenados por dicha actividad criminal, por poner algunos ejemplos.
Y precisamente estos temas son los que está cambalacheando Rajoy con Mas y con Urkullu en encuentros tan secretos como siniestros de los que sólo se dan, y con retraso, noticias vagas e inconcretas.
El asunto es grave desde todos los puntos de vista, pero hay algo especialmente preocupante: ahora los ciudadanos no saben si la filtración de unas balanzas fiscales manipuladas -que curiosamente favorecen a Cataluña- es un accidente, un error o el fruto de un pacto vergonzoso y secreto; no pueden estar seguros de que la posición cambiante de Rajoy respecto del desafío separatista se deba a cambios de opinión legítimos o a los vaivenes de una negociación desconocida; ignoran, en suma, si cuando salgan más etarras de la cárcel se tratará de legítimas decisiones de la Justicia o de manipulaciones decididas en una noche de secretos, café y nicotina.
Es un proceder impropio en aquellos que al tomar posesión de sus cargos han jurado defender la democracia y sus leyes, y es un insulto a unos ciudadanos a los que no se considera suficientemente maduros para saber y opinar sobre aquello que les afecta de manera tan decisiva.
Los políticos españoles, y en especial los protagonistas de estos encuentros tan inconfesables, han dado sobradas muestras de su desprecio por la opinión pública y la prensa, a los que consideran un impedimento para actuar con las manos libres y sin tener que rendir cuentas.
Si un político quiere disponer de ese tipo de libertad es porque desea lograr algo que una opinión pública madura y un sistema de libertades en funcionamiento no le permitiría alcanzar. Porque el secreto es, en suma, el camino más corto a la infamia.