En el Año V de la Gran Crisis, las Comunidades Autónomas siguen donde estaban: en la irresponsabilidad más escandalosa y en el despilfarro más obsceno. Tal y como hemos informado desde las páginas de Libre Mercado, las Autonomías mantienen vivos 457 entes públicos que prometieron eliminar. La poda, que en principio iba a afectar a 686 entidades, por el momento sólo ha alcanzado a 229, es decir, a muchísimo menos de la mitad.
Hay casos especialmente sangrantes, como el de Aragón, que no sólo no ha cerrado ninguna sino que se ha atrevido a fundar dos más, o el de Andalucía, territorio clientelar donde los haya, que sólo ha cerrado 17 de 119. Andalucía, la región del inaudito 35% de paro que reparte 4.000 millones de euros en cursos de formación...
Y el Gobierno central, lejos de dar un golpe en la mesa y meter en vereda a las Administraciones autonómicas, no hace sino tratarlas con toda clase de paños calientes e inmerecidos miramientos, sobre todo –para más inri– a las más incumplidoras y a las que incurren abiertamente en el chantaje y la amenaza subversiva. Con lo cual se convierte no sólo en cómplice sino en culpable de la situación, tan vergonzosa como insostenible.
Es intolerable. Es una afrenta al expoliado ciudadano, víctima de la incompetencia, la irresponsabilidad y la cobardía de unos y otros. Una víctima a la que se está dejando desprotegida y a la que se está humillando y ofendiendo en el peor de los tiempos posibles para ello.