La polémica provocada por los socialistas a cuenta de las palabras de monseñor Martínez Camino en un desayuno informativo organizado por la Fundación San Pablo CEU, revelan su profunda ignorancia sobre el funcionamiento y el papel de la Iglesia, su incapacidad para aceptar la menor crítica a su gestión cuando están en el poder y su falta de escrúpulos a la hora de utilizar la demagogia contra quienes no están de su lado.
En primer lugar cabe destacar que los obispos de la Iglesia Católica, como cualquier otro ciudadano o institución, tienen perfecto derecho a opinar sobre asuntos públicos que afectan a la moral, sobre todo si se trata de asuntos de tanta gravedad como el ataque al derecho a la vida que supone la ampliación de la ley del aborto elaborada por el Gobierno. El poder de la Iglesia no es temporal, pero sus pastores tienen el deber de orientar a sus fieles en asuntos de moral cristiana, incluidos los que desempeñan tareas legislativas, sin que esto suponga de ningún modo una injerencia en la política del estado como afirman los socialistas.
Es obvio que la ministra de Igualdad y el resto de dirigentes socialistas que se han sumado al estrambote contra monseñor Martínez Camino pretenden con sus declaraciones, como es habitual en el socialismo de Zapatero, aglutinar en torno a ellos la opinión favorable del sector más radical de la izquierda, en este caso agitando el espantajo de la religión católica como enemigo del progreso. Sin embargo, las palabras del secretario de la Conferencia Episcopal Española son el reflejo elemental de una doctrina mantenida a lo largo de los siglos en defensa del derecho a la vida y, en todo caso, van dirigidas única y exclusivamente a los fieles que se declaran a sí mismos católicos, por lo que nadie que se considere a sí mismo fuera de esa institución tiene por qué sentirse interpelado.
La Iglesia Católica es una institución privada que se rige por sus propias normas, por más que a los socialistas les moleste que no lo haga con las suyas. Pero es que, además, en esta espiral de agresividad verbal en que se sitúa el socialismo cuando siente amenazada su hegemonía, sus protagonistas están revelando, sin que nadie se lo pida, una ignorancia proteica sobre las implicaciones reales de las declaraciones de Martínez Camino. El derecho canónico es un terreno académico, entre otros muchos, sobre el que los socialistas tampoco tienen ni la menor idea. Sólo así se puede confundir la excomunión, pena impuesta por la ley canónica bajo unos determinados supuestos previo el procedimiento oportuno, con la negación a recibir el sacramento de la eucaristía, que es lo que la Iglesia ordena cuando el fiel que pretende participar ha incurrido en pecado público, como ocurriría en el caso de que un católico con responsabilidades políticas entregue su voto a favor del aborto.
La Iglesia Católica se rige por sus propias disposiciones y el deber de sus dirigentes es aplicarlas a los que se declaran miembros de la institución, pero la vocación del socialismo es convertirse en el único dogma válido para interpretar la moral ciudadana, de ahí la algarada puesta en marcha contra las declaraciones de monseñor Martínez Camino. En esencia, todo este asunto es sólo una prueba más de la incapacidad de los socialistas para tolerar la más mínima competencia en materia de moldeado de la conciencia ajena.