En lugar de hacer perder el tiempo a los militares y el dinero a los contribuyentes con propagandísticos cursos dedicados a la Alianza de Civilizaciones y las políticas de Igualdad de Género, más le valdría al Gobierno de Zapatero fijar su atención y sus esfuerzos en el imparable aumento de casos de violencia doméstica que nos azota.
A pesar de la cacareada Ley Integral contra la Violencia de Género aprobada a finales de 2004 y de la no menos propagandística creación del Ministerio de la Igualdad, todo apunta a que 2008 cerrará, por tercer año consecutivo, con un incremento del número de mujeres asesinadas en el ámbito doméstico. Sólo en lo que llevamos del mes de agosto han sido asesinadas ocho mujeres a manos de sus parejas, lo que eleva a 44 el número de víctimas mortales en lo que va de año.
De nada ha servido, salvo para conculcar un principio jurídico elemental como es la igualdad de los ciudadanos ante la Ley, una legislación aprobada por el Gobierno que aplica unas penas distintas en función de si la violencia la perpetra un hombre o una mujer, como de tampoco está sirviendo de nada la creación de un orwelliano Ministerio de Igualdad, cuyos únicos logros hasta la fecha han sido los de poner un teléfono a disposición de eventuales maltratadores y la propuesta de inclusión del término "miembra" en el diccionario de la RAE. Eso, por no hablar de lo que va a servir, ya sea en términos de Defensa o de respeto a la igualdad de los sexos, impartir a nuestros militares cursos sobre una Igualdad de Géneros que, para colmo, no pocas "civilizaciones", con las que Zapatero pretende establecer relaciones de "alianza", conculcan de manera sistemática.
Naturalmente no vamos a culpabilizar al Gobierno por unos casos de violencia en el ámbito doméstico, que tienen sus raíces en la responsabilidad personal de quienes la perpetran y en la falta de educación y de medios judiciales y policiales que los rodean. Lo que sí se le puede reprochar al Ejecutivo es que utilice la propaganda para encubrir un problema que lejos de menguar no hace más que aumentar, y que siga haciendo caso omiso a las consideraciones que ya en su día le hicieran órganos consultivos, como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social, ante un proyecto legislativo que, además de discriminatorio, era insuficiente en las medidas protectoras, carecía de la financiación necesaria e ignoraba unas normas autonómicas que ofrecían el riesgo de solapamiento e interferencias entre administraciones.
Sin embargo, nada hace sospechar –incluidas las estadísticas– que este Gobierno deje de creerse sus propias mentiras ni que deje de sacar pecho ante uno de sus más clamorosos fracasos.