Ignoramos si Ramón Sáez, Manuela Fernández de Prado y Javier Martínez Lázaro –magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Nacional– perpetraron el pasado 4 de diciembre un delito de prevaricación, tal y como sostiene la querella que está ultimando contra ellos la Asociación Dignidad y Justicia, al decretar la puesta en libertad del histórico dirigente etarra Santiago Arróspide Sarasola, alias Santi Potros, y de otro miembro de la banda, Alberto Plazaola Anduaga. Lo que sí parece evidente es que dichos magistrados cometieron – fuera a sabiendas o no– una clamorosa injusticia, que ya ha sido recurrida por la Fiscalía, al basar dichas excarcelaciones en una decisión marco que el Consejo de Europa aprobó en 2008 pero que todavía no había sido traspuesta ni era, por tanto, vinculante para el ordenamiento jurídico español, por el que se debían acumular las condenas cumplidas en países de la Unión Europea.
Lo más grave del asunto es que estos tres magistrados decretaron la inmediata puesta en libertad de estos etarras justo un día antes de que entrara en vigor la ley 7/2014, por la que dicha decisión marco del Consejo de Europa se traspone a nuestro ordenamiento jurídico. Dicha ley contiene una disposición adicional única que señala claramente que "en ningún caso serán tenidas en cuenta" para su aplicación "las condenas dictadas por un tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010", tal y como era el caso de las condenas de los dos etarras injustamente excarcelados.
Resulta sorprendente que estos magistrados no fuesen plenamente conscientes de esta legislación que cercenaba de raíz las pretensiones de estos etarras de adelantar su salida de prisión, puesto que ya había sido publicada veinte días antes de su entrada en vigor; es decir, diez y nueve días antes de que los magistrados decretasen la inmediata excarcelación de los dos etarras. Por otra parte, lo que estaba vigente un día antes de la entrada en vigor de la Ley/2014 no era la decisión marco del Consejo de Europa, sino el Derecho estatal, que en ese momento todavía no había sido armonizado por la directriz europea.
Casi tan lamentable como el proceder de estos tres magistrados ha resultado el comportamiento de los miembros de la Sala de lo Penal Tribunal Supremo que, reunidos con carácter de urgencia este martes para fijar un criterio general sobre cómo debe aplicarse la normativa europea, han decidido volver a reunirse el 13 de enero para consensuar la decisión. Este aplazamiento resulta escandaloso por un doble motivo: por el hecho de que los magistrados necesiten tanto tiempo para ponerse de acuerdo en algo tan obvio como que, a falta de una ley que dé traslado a una decisión marco europea, rige el Derecho estatal, por lo que dichas excarcelaciones serían igualmente contrarias a Derecho, y porque este escandaloso aplazamiento brinda una clara oportunidad de fuga a los dos etarras injustamente excarcelados, tal y como ya ocurrió con De Juana Chaos, Troitiño y otros.
Es comprensible la indignación que suscita entre las víctimas del terrorismo este nuevo varapalo a la dignidad, a la memoria y a la justicia que todas ellas merecen. Llueve sobre mojado. Por mucho que el Gobierno de Rajoy haya criticado, pública y abiertamente, el proceder de estos tres magistrados y haya hecho suyos los argumentos de la Fiscalía, son más de un centenar los etarras que, bajo el Gobierno del PP, han sido excarcelados, bien por concesión de terceros grados, bien por la indebida derogación de la Doctrina Parot por una sentencia del Tribunal de Estrasburgo que estrictamente sólo concernía a la etarra Inés del Río. Este mismo miercoles Josefa Mercedes Ernaga, condenada a más de 2.000 años de prisión por la matanza de Hipercor, ha sido excarcelada tras cumplir sólo 27 años de prisión. Mientras tanto, hay 326 asesinatos de ETA que siguen sin resolverse.
Todos recordamos los compromisos adquiridos por el anterior Gobierno con ETA, en torno a la legalización de sus terminales políticas y a la progresiva excarcelación anticipada de sus presos, como para no sospechar de tanta condescendencia por parte del actual Gobierno a la hora de ver cómo esos compromisos se hacen realidad.