La intensa campaña que han desarrollado los grupos ecologistas, los nacionalistas canarios y, en general, la izquierda política contra las prospecciones petrolíferas en las Islas durante estos dos últimos años ha estado signada por el alarmismo y la demagogia más vergonzosos y puesto de manifiesto la mentalidad literalmente empobrecedora que informa tales mensajes.
Repsol anunció el viernes que abandona la búsqueda de hidrocarburos en las aguas próximas a Canarias porque la cantidad y calidad del material encontrado no resulta rentable para su explotación comercial. A pesar de que se trata de una pésima noticia para el conjunto de la economía española y, muy especialmente, para el desarrollo y progreso de las Islas, ecologistas, nacionalistas y socialistas han reaccionado con júbilo, llegando incluso a afirmar que la inexistencia de crudo y gas es una gran victoria para "el interés general". Resulta incomprensible, por no decir surrealista, que una parte de la población y una nutrida representación del arco político se alegren de que España siga siendo un páramo en materia de recursos energéticos.
El no al petróleo que ha protagonizado Canarias, al igual que el rechazo a las prospecciones en Baleares por parte del PP o las críticas generalizadas al fracking, ha sido un completo sinsentido, de principio a fin. Por un lado, los ecologistas han mentido y engañado descaradamente con su alarmismo, asustando a la población con la llegada de grandes catástrofes cuando, en realidad, el riesgo ambiental de las prospecciones y la posterior explotación era, simplemente, despreciable (la posibilidad de derrame se situaba en el 0,003% según los escenarios más pesimistas barajados por los expertos).
El Gobierno canario, liderado por el nacionalista Paulino Rivero, ha hecho alarde de la demagogia más deleznable usando de ariete la amenaza del petróleo contra el PP -su principal adversario político en las Islas- para intentar sacar rédito electoral de esta artificial polémica. Además, CC y PSOE han aprovechado hábilmente esta cortina de humo, fabricada por ellos mismos, para ocultar su nefasta gestión económica, ya que han logrado desviar la atención de los auténticos y graves problemas que padecen las Islas, con una tasa de paro superior al 30% y unos servicios públicos de pésima calidad. Y lo más triste es que buena parte de la población canaria ha caído en el engaño, prestándose al burdo maniqueísmo de sus políticos.
Lo más preocupante es, sin duda, el síntoma inequívoco de atraso que denota esta negativa a la explotación de hidrocarburos en España. No hay un solo país en el mundo que, pudiendo explotar sus recursos energéticos, haya rechazado hacerlos. De hecho, territorios con gran atractivo turístico, como Noruega, Italia, California, México o el Caribe, son, al mismo tiempo, grandes productores de crudo, sin que ello haya afectado lo más mínimo a su próspera industria vacacional. En el caso concreto de España, este rechazo resulta, si cabe, aún más incomprensible, debido a su elevada dependencia energética. Los españoles gastan una media de 40.000 millones de euros al año en la compra de petróleo, una costosa factura cuya reducción por la vía de la explotación nacional se traduciría en más renta disponible, superávit exterior y un mayor nivel de riqueza y empleo.
La necedad que profesan muchos políticos condena a los españoles a sufrir una situación de permanente y agónica pobreza energética, con todo lo que ello supone.