Ocho años después de los atentados del 11 de marzo, la izquierda sigue usándolos para encanallar la convivencia, amedrentar a la población y deslegitimar la democracia por no favorecer su ambición de un monopolio del poder. La apropiación del aniversario por los sindicatos para pregonar su huelga general no debería sorprender a quienes guardan memoria de lo que hizo esa misma izquierda durante los días inmediatamente posteriores a la mayor masacre terrorista de Europa: cercar las sedes del PP, agredir a ministros del Gobierno de España -como le ocurrió al exvicepresidente Rodrigo Rato en Barcelona- y violentar la jornada de reflexión de las Elecciones Generales del 14 de marzo de 2004. ¿Cómo extrañarse, ahora, de que los sindicatos, el PSOE e Izquierda Unida vuelvan a invocar la memoria de los muertos del 11-M para intentar agitar la calle y conseguir mediante la violencia de los piquetes lo que no han perdido en las urnas?
La proliferación de banderas republicanas y de consignas y pancartas con llamamientos a la violencia, en las manifestaciones de este domingo, muestra la pulsión guerracivilista y antisistema de una izquierda que, a lo largo del siglo XX y hasta hoy, nunca se ha sentido cómoda en la democracia y solo ha aceptado la legalidad cuando le favorece, como dijo Pablo Iglesias. La única Transición democrática inacabada en nuestro país es la de una izquierda preconciliar, de tuétano totalitario, que no tolera la democracia en su misma esencia, que no es otra que la alternancia pacífica de fuerzas políticas en el gobierno.
La utilización del 11-M para calentar una huelga general contra la reforma laboral es una aberración que solo se le consiente a los sindicatos y a los partidos de la izquierda en un país en el que sus élites sindicales y políticas pretenden tener patente de corso para cualquier cosa. Resulta inimaginable que, en otra democracia occidental, las instituciones cambien de fecha el homenaje a las víctimas para ceder al chantaje de los sindicatos. El bochorno vivido este domingo en Madrid, con los señores Méndez y Toxo, invocando a las víctimas de los atentados de Madrid para llamar a los piquetes del próximo 29 de marzo -pues no otra cosa son las huelgas generales de unos sindicatos que confunden sus privilegios con derechos y sustituyen la razón por la coacción-, retrata el deterioro de la convivencia en España, ocho años después de los atentados de Madrid y del paso del señor Rodríguez Zapatero por el Gobierno de la Nación.
Son muchos más los españoles que quieren ir a trabajar el próximo 29 de marzo. Son muchos más los que quieren esfuerzo y oportunidades, no agitación y privilegios. Son muchos más los que piden una investigación rigurosa sobre el 11-M y aspiran legítimamente a que se haga justicia a las víctimas. Son muchos más los españoles que están hartos de una izquierda autoritaria y cainita, que envilece todo lo que toca.
El presidente Rajoy tiene toda la legitimidad democrática para emprender las reformas que sacarán a España del hoyo en el que la ha metido, una vez más, la izquierda y, particularmente, un Gobierno del PSOE. Pero no basta con emprender reformas económicas, entre ellas la del mercado de trabajo. Sin una regeneración del sistema democrático, que acabe con los privilegios de los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones patronales, la sociedad española seguirá siendo rehén de una izquierda cada vez más antidemocrática y un Gobierno del PP jamás podrá gobernar tranquilo.