Que tras 30 años en el gobierno el PNV había desarrollado un sentido patrimonialista de la Administración y que una de las primeras tareas del nuevo Ejecutivo vasco iba a ser eliminar todas las redes clientelares que en estas tres décadas se habían tejido, era algo que ya habíamos pronosticado. Es inevitable, el poder corrompe y te hace querer conservarlo a toda costa.
Lo que ya empieza a ser más sorprendente –al menos si no conociéramos la historia del PNV y miráramos los acontecimientos como un observador democrático externo– es que el ahora principal partido de la oposición en el País Vasco esté intentando boicotear al Gobierno de Patxi López desde dentro. En concreto, según ha revelado el diario El Mundo, dirigentes del PNV se reunieron con tres altos cargos de la Ertzaintza –que no por casualidad habían sido nombrados a dedo por el propio PNV– con el doble objetivo de garantizar la provisión de información "sensible" a los nacionalistas y de obstruir la labor del nuevo Ejecutivo.
A su vez, esos tres altos cargos, que previsiblemente iban a ser cesados por sus politizados antecedentes, se reunieron con 30 subordinados que serían los que actuarían como una red de topos al servicio de los nacionalistas. Gracias a ella, el PNV obtendría datos de primera mano que, en el menos malo de los supuestos, podría utilizar para perfilar sus críticas a la actuación de las fuerzas de seguridad vascas bajo la dirección del nuevo consejero del Interior, Rodolfo Ares.
Además, al frustrar ciertas operaciones de la Ertzaintza, como las antiterroristas, la cuestionable labor del PNV al frente del Gobierno quedaría menos empañada que si, en los próximos meses, las operaciones policiales experimentan un renovado y desconocido vigor. Dicho de otra manera, el PNV pretendía seguir obstruyendo la labor de la Ertzaintza desde fuera del Gobierno tal y como lo venía haciendo desde dentro.
La reacción de Basagoiti es, sin duda, la mínima exigible a los diputados del Parlamento Vasco que sostienen al nuevo Gobierno. No sólo es necesario sino urgente depurar a todos los implicados en este sabotaje y buscar posibles responsabilidades penales. Si resulta inadmisible que se obstruya la labor de un Gobierno democrático que no atente contra los derechos de los ciudadanos, más aún lo es cuando esa labor va destinada, precisamente, a defender y hacer prevalecer sus derechos.
Habrá que investigar y limpiar la Ertzaintza de infiltrados –que tras tres décadas probablemente vayan más allá de los denunciados por El Mundo– para que pierda cualquier rasgo de policía de partido y se convierta, por fin, en una policía al servicio de todos los vascos. Al PNV y al nacionalismo en general les va a costar mucho de asumir, ya que en buena medida las instituciones vascas se construyeron a su imagen y semejanza –bandera, himno y policía–, pero aceptar esa transición será el primer paso para implantar la democracia en el País Vasco. El siguiente, terminar con ETA y con las imposiciones identitarias. Lo uno sin duda facilitará lo otro. No se entiende –o se entiende demasiado bien– por qué el PNV aborrece de tales cambios.