La dimisión del director de Inspección de la Agencia Tributaria, Luis Jones, no es la primera ni la más elocuente sino la más reciente noticia de cuantas están poniendo en duda los principios de generalidad e igualdad ante la ley que deberían regir en la actuación del Ministerio de Hacienda. Esta dimisión se produce apenas unas semanas después de que se conociera el cese de una inspectora de la Delegación de Grandes Contribuyentes y la dimisión de su jefe directo, Ignacio Ucelay, tras rechazar un recurso de reposición de la multinacional cementera Cemex contra una sanción tributaria multimillonaria. Aunque se desconocen los detalles que provocaron el cese de la funcionaria, el colectivo de inspectores apunta a una posible orden política a favor de la multinacional para tratar de reducir la multa impuesta, a lo que la inspectora cesada se habría negado.
Más clamoroso es, con todo, el cambio de criterio operado en la Agencia Tributaria con el fin de eximir a la infanta Cristina de toda responsabilidad penal en el caso Nóos. La Delegación de Hacienda en Cataluña enviaba hace unos días al juez instructor del caso un informe en el que se reconocía que la empresa familiar Aizoon –propiedad de los Duques de Palma al 50%– defraudó en cuatro años 281.000 euros, pero que en ninguno de los ejercicios se sobrepasó la barrera que marca el delito fiscal, situada en 120.000 euros. Sin embargo, tal y como denunció el pasado lunes el diario El Mundo, Hacienda habría situado el nivel de fraude de la infanta y de su esposo por debajo de este decisivo umbral a base de dar por deducibles pagos que en anteriores documentos consideraba, al igual que lo hacía la propia Fiscalía, como ficticios y destinados a sufragar servicios realmente inexistentes a una de las sociedades instrumentales de Diego Torres.
De haber mantenido Hacienda su criterio inicial, y sólo con tener en cuenta estos recibos otrora descartados, la cuota defraudada por la sociedad patrimonial de Urdangarín y la infanta se elevaría a más de 120.000 euros, lo que haría inevitable la imputación.
Aunque no olvidamos tampoco que Hacienda no aclaró del todo el extraño episodio de las fincas situadas en varios puntos de España que aparecieron inscritas a nombre de la Doña Cristina y que le costó el puesto a la directora de la Agencia Tributaria, los tejemanejes que está llevando a cabo Hacienda para impedir a cualquier precio la imputación de la hija del Rey son tan burdos y están dejando tanto rastro que ya nadie se cree que en este caso impere esa "igualdad de todos ante la ley" de la que no hace tanto nos hablaba Su Majestad. Esa falta de igualdad de todos los contribuyentes ante la ley, junto con la irreconocible política económica que Montoro abandera, es lo peor que se puede decir de un ministro de Hacienda.