La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido por sólo un voto (9 frente a 8) poner en la calle a otros nueve terroristas de la ETA, que se suman a las ya consumadas excarcelaciones de los asesinos Inés del Río y Juan Manuel Piriz. En nombre de la sentencia del Tribunal de Derechos de Humanos --órgano dependiente del Consejo de Europa y no de la Unión Europea, como se ha intentado confundir a la opinión pública, que alberga en su seno y debe su legitimidad a estados como la Rusia de Valdimir Putin o Turquía-- que daba la razón a Inés del Río, y sólo a Inés del Río, en su pleito con la justicia española por una supuesta aplicación retroactiva de la Doctrina Parot. De esta forma ya han sido puestos en libertad once terroristas, todos ellos con un sangriento historial delictivo. Son los once primeros casos de una infamia que en Libertad Digital hemos definido desde un primer momento como una amnistía, encubierta, pero amnistía al fin y al cabo, por mucho que se trate de ocultar, que previsiblemente dejará en la calle a 60 etarras.
Al extender la ejecución de sentencia de Inés Del Río --cuya excarcelación ya fue más que discutible-- a otros terroristas, en contra del criterio de la Fiscalía que pidió estudiar caso a caso, la Audiencia Nacional se salta el ordenamiento jurídico español y otorga al Tribunal de Estrasburgo, que no es un órgano jurisdiccional, la categoría de fuente del Derecho español por encima del Tribunal Supremo, responsable de la Doctrina Parot. Tal y como sucedió con las excarcelaciones de Inés del Río y Juan Manuel Piriz la Audiencia Nacional exhibe además una premura inexplicable al no esperar al dictamen del Tribunal Supremo, que se reunirá en apenas cinco días para abordar esta cuestión.
Si ya resulta imposible para las víctimas del terrorismo y para todos los españoles de bien digerir esta infamia, todavía es peor cuando la decisión se toma por un sólo voto en una Sala de lo Penal absolutamente dividida. Tan exigua diferencia, de 17 jueces, 8 votaron en contra, deja con sus bienpensantes posaderas al aire a todos aquellos que sostienen que sólo hay una interpretación posible y no queda más remedio que cumplir con lo que dice Estrasburgo, a pesar de que muchos juristas sostienen lo contrario. En las últimas semanas hemos visto y oído como los palmeros del Gobierno y del PSOE repetían que no se puede hacer otra cosa sino ejecutar la sentencia. Sin embargo, nadie ha explicado que sería eso tan terrible que le sucedería a España si no excarcela a los etarras. La explicación es sencilla: nada dicen porque nada pasaría.
Sería de una candidez inasumible, por respeto a nuestros lectores, decir que el Gobierno está al margen de todo este siniestro enjuague o que no podía negarse a la ejecución de la sentencia. Conviene recordar, una vez más, que quien se adhiere al Convenio de los Derechos Humanos es el Reino de España y que la ejecución de la sentencia corresponde a la parte contratante de ese convenio, es decir a las autoridades españolas. Conviene recordar, también, que fue Zapatero quien negoció con la ETA enviar a López Guerra, como representante español en el Tribunal de Estrasburgo, para que hiciera lobby contra la Doctrina Parot y que fue Rajoy quien, aún sabiendo lo que iba suceder allí, lo mantuvo sin siquiera recusarlo. En la última manifestación de las víctimas del terrorismo Consuelo Órdoñez llevó una pancarta que rezaba: Gobiernos PP – PSOE responsables. No le dejaron acceder a la zona de organización con ella. Podrán ocultar la pancarta, pero no la infamia.