La publicación ayer por el periódico El País de una supuesta contabilidad paralela con pago de sobresueldos a dirigentes del Partido Popular, agrava notablemente las sospechas de corrupción que pesan sobre el partido actualmente al frente del gobierno de España. Está por ver si los apuntes manuales reproducidos por el periódico del grupo PRISA se ajustan a la realidad y en qué medida lo hacen, porque entre lo publicado ayer hay al menos una falsedad de la que hemos dejado sobrada constancia. Nos referimos a unos pagos inexistentes a Libertad Digital por parte del Partido Popular, que según El País habrían aparecido anotados en un documento hológrafo obra del extesorero del Partido Popular. Libertad Digital y su Presidente ya han anunciado la presentación de las oportunas iniciativas judiciales contra los que sostengan tal mentira, una vez comprobado que nada de lo publicado en relación con nosotros tiene el menor contacto con la realidad. En el PP, en cambio, están todavía pensando qué hacer ante tan graves acusaciones, contribuyendo a socavar la imagen de un partido cuyos dirigentes están cada vez más en entredicho.
Desde que estalló el escándalo de los presuntos sobresueldos opacos al fisco la respuesta del Partido Popular a lo largo de todos estos días ha dejado mucho que desear. El colmo es que, como ayer desvelábamos en LD, la "exhaustiva investigación interna" ordenada por Rajoy vaya a consistir en unas llamadas de teléfono de la actual tesorera del partido, lo que suena más a una tomadura de pelo en toda regla que a la voluntad expresa de revisar pormenorizadamente lo ocurrido en torno a este asunto y hacerlo con todas sus consecuencias.
Como era de esperar, los efectos demoledores de un escándalo de estas proporciones han trascendido ya el ámbito nacional, con un destrozo para la imagen de España y una pérdida de credibilidad del país entero cuyas consecuencias están todavía por determinar. Este es un motivo añadido del suficiente peso político para que Rajoy salga a la palestra de una vez a demostrar sin el menor género de dudas la honorabilidad del Partido Popular y sobre todo de sus dirigentes, entre los que él mismo figura en lugar destacado.
Si lo publicado estos días por los dos principales medios nacionales es una falsedad, como afirman los actuales responsables del primer partido de España, a estas alturas ya debería haber entrado en los correspondientes registros judiciales una completa batería de demandas y querellas en defensa del buen nombre del PP y sus actuales mandatarios. Todo ello sin perjuicio de aportar a la opinión pública, con el aval de expertos independientes, el registro fidedigno de los principales flujos financieros que ha manejado el PP en los últimos años y su destino pormenorizado, en especial en lo referido a los honorarios devengados por su junta directiva.
Cuánto más tarde el PP en aclarar este escándalo más motivos tendremos para sospechar que las denuncias formuladas son verosímiles y mucho más graves serán las consecuencias que ese partido deberá arrostrar en el futuro para recuperar la confianza de los ciudadanos. Rajoy tiene la última palabra.