Hay crímenes que, con el tiempo, caen fácilmente en el olvido y que tan sólo los sacan del recuerdo algunas efemérides. No es el caso del asesinato de Sandra Palo: A la naturaleza especialmente espantosa del crimen de esta joven, que fue quemada todavía con vida tras ser violada e insistentemente atropellada por unos jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y 19 años, se une el encomiable y permanente esfuerzo de los padres de la víctima por lograr, no sólo que el crimen de su hija no caiga en el olvido, sino también que sea reformada la injusta Ley del Menor por la que uno de los asesinos –"El Rafita"– quedó en libertad y sin antecedentes penales tras cumplir en un centro para menores escasos cuatro años de condena.
Hay, además, otra circunstancia que contribuye a que este crimen no deje de ser recordado por los medios de comunicación, y no es otra que la insistencia con la que este criminal ha seguido delinquiendo tras ser puesto en libertad, ya una vez alcanzada su mayoría de edad. Este martes ha vuelto a ser detenido por el robo de un vehículo, lo que supone el quinto arresto por delitos contra la propiedad desde que el pasado 25 de junio concluyeron los tres años de libertad "vigilada" que siguieron a sus cuatro años de internamiento.
Ignoramos si en el momento en que ustedes lean este editorial, "El Rafita" habrá ya sido puesto nuevamente en libertad condicional. Lo que sabemos es lo poco que los jueces tardaron en hacerlo en las cuatro ocasiones anteriores, con la excusa –desgraciadamente legal– de que se trataban de "delitos menores". Lo que sabemos, también, es que el demencial sistema de administración de justicia que padecemos no ha hecho otra cosa que reforzar la sensación de impunidad de muchos "Rafitas", tanto cuando eran menores de edad como cuando han dejado de serlo.
Y es que a la lenidad de nuestras leyes, se le une el problema no menor de la dilación de la justicia. Si la Ley del Menor prácticamente otorga impunidad a los autores de cualquier delito –por horrible que sea– cuando se trata de menores de edad, la falta de severidad de la Ley para los llamados "delitos menores" y los retrasos en la administración de justicia constituyen nuevos beneficios para los delincuentes, ya sean estos menores o mayores de edad.
Naturalmente, hay que graduar la severidad de la pena en función de la gravedad del delito, así como evitar al máximo posible la reclusión de quien no ha sido todavía juzgado. Pero la solución debe ser agilizar los procesos judiciales y elevar proporcionalmente la severidad, y no que los delincuentes entren y salgan de comisaría como de su casa y que utilicen la libertad provisional para acumular más y más causas pendientes.
Si este delincuente, antes de asesinar a Sandra Palo, hubiera sido severamente castigado por supuestos "delitos menores" como el de herir a varios viandantes con una escopeta de perdigones, tal vez nunca hubiera llegado a violar y asesinar. Y, desde luego, si la Ley del Menor no le hubiera evitado el castigo que merecía por tan horrible crimen, no habría seguido delinquiendo con posterioridad ni estaría ahora en disposición de volver a cometer crímenes tan abyectos como los que nunca pueden caer en el olvido.