El Parlamento de Cataluña acaba de aprobar, con el respaldo de los socialistas y de los nacionalistas y con el voto en contra del PP y de Ciudadanos, la nueva Ley de Educación de Cataluña por la que se blinda la imposición del catalán como única lengua posible en la enseñanza. Se eleva así a rango de ley lo que no es sino una práctica liberticida que desde hace décadas se lleva a cabo en Cataluña para mayor gloria de su "construcción nacional". La Generalitat ya venía incumpliendo las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo que exigían, en concordancia de la Ley de Política Lingüística de 1999, la oferta de la educación en castellano para la enseñanza infantil y primaria. La nueva ley aprobada este miércoles lo que hace, en este sentido, es dar cobertura jurídica a las conculcaciones de unos derechos que en Cataluña ya se venían sucediendo de hecho.
Ahora bien, por mucho que no suponga una novedad, resulta vergonzoso que la oposición de los sindicatos de docentes se haya dirigido, sin embargo, contra el que es, posiblemente, el único aspecto positivo de esta normativa liberticida: el mayor poder que otorga a las direcciones y la mayor autonomía de los centros en el terreno organizativo, pedagógico y de gestión de recursos humanos y materiales. Por mucho que esa autonomía se quede coja si no va acompañada, a su vez, de una mayor autonomía de los padres a la hora de decidir qué centro de enseñanza quieren para sus hijos, más prioritaria es todavía la libertad de los padres para elegir en qué lengua aprenden sus hijos.
Resulta delirante que en una parte de España no se pueda estudiar en español, siendo el castellano la lengua materna de más de la mitad de los catalanes y una de las lenguas más habladas del planeta. Además de la aberración pedagógica, representa por encima de todo una fragrante vulneración de los derechos individuales de los catalanes y un claro atentado a la Constitución.
El respaldo del Ejecutivo de Zapatero a esta normativa que fractura a nuestra nación como Estado de Derecho no es sino una nueva muestra de envilecimiento de un gobierno que, por no desairar a sus aliados nacionalistas, no ha tenido empacho en respaldar un estatuto soberanista que proclama a Cataluña como nación.
Hace unos días, el que fuera dirigente de Convergencia Democrática de Cataluña, Enric Canela, propuso que el parlamento catalán hiciera una "declaración unilateral de independencia de Cataluña y luego ver qué pasa". La aprobación de esta liberticida Ley de Educación que proscribe el español en la enseñanza no hace sino adelantarnos la respuesta de lo que pasaría: nada. Poco importa que en España haya una supuesta Ley de leyes que preserva los derechos individuales de los ciudadanos y que proclama el derecho y el deber de todos los españoles a usar y conocer el español. Poco importa que exista un Tribunal Constitucional que supuestamente vele para que una ley de rango inferior –como es, o debería ser, toda ley autonómica–, no vulnere los preceptos de la Carta Magna. Aquí no pasa nada. La independencia de Cataluña se ejercita de hecho. A este paso sólo es cuestión de tiempo que también se proclame de derecho.