Era difícil superar el espectáculo de burla a nuestro ordenamiento jurídico celebrado el pasado domingo en Cataluña. Sin embargo, la tardía comparecencia del presidente del Gobierno para valorar el 9-N lo ha logrado lamentablemente. Mariano Rajoy ha tenido la desfachatez de hacer suyas las triquiñuelas nominativas empleadas por los separatistas para ocultar el hecho de que el domingo se consumó en Cataluña una rebelión institucionalizada mediante una votación ilegal que no deja de serlo por mucho que se le llame "referéndum", "consulta", “proceso participativo” o “ejercicio de propaganda”.
Si Rajoy recurre ahora a estas triquiñuelas nominativas, diseñadas hace años por el Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña y orientadas a un mismo fin secesionista, ¿por qué pidió al Constitucional que impugnara la celebración de esa votación una vez que los separatistas pasaron a llamarla "proceso participativo"?
Quien rehuye su obligación de hacer cumplir la ley está abocado a ocultar la existencia del delito tanto como el que lo perpetra. Pero Rajoy ha sido torpe hasta para ocultar la gravedad de lo que no se ha atrevido a impedir: así, después de decir que no ha habido "ningún referéndum" ilegal, ha confesado que envió un representante del Gobierno (presumiblemente Arriola) a negociar con la Generalidad, si bien "esas conversaciones no pudieron evitar que se celebrase el referéndum". Aún más grave es el hecho de que el Gobierno haya estado negociando en secreto el imperio de la ley con quienes pública y abiertamente se lo han querido saltar a la torera.
No menos patético es que Rajoy haya dado valor a los resultados de una consulta ilegal que previamente quería hacer creer que no se había celebrado. Pero la mayor desfachatez ha tenido lugar cuando ha defendido la "proporcionalidad" en sus actuaciones. ¿Pero cómo va a ser proporcional la actuación del Gobierno si no ha logrado impedir la votación?
Hace más de dos años ocurrió en España algo tan grave como que un presidente del Gobierno fue chantajeado por un gobernante regional que exigió un inasumible "pacto fiscal" so pena de celebrar un referéndum secesionista. Rajoy podía haber supeditado cualquier ayuda financiera a un público acatamiento al orden constitucional. Podía haber intervenido directamente la Administración regional esgrimiendo el artículo 155 de la Constitución. Podía haber disuadido a los rebeldes con el Código Penal y advirtiendo de las consecuencias penales que tendría para ellos la consumación de la amenaza.
Rajoy, sin embargo, hizo algo tan poco ponderado como ocultar el chantaje y tratarlo como simple algarabía. Se negó a tratar como delito específico la convocatoria ilegal de referéndums, tal y como sí hizo Aznar y le reclamó UPyD. Silenció todo lo que en el Código Penal está vigente para disuadir y en su caso castigar una consulta como la perpetrada el domingo. Atendió todas las demandas de ayuda financiera que, expresamente y "sin condiciones", le exigían los secesionistas. Llegó incluso, a través de Sánchez Camacho, a ofrecer un pacto fiscal con Hacienda propia, singular cesión del PP al chantaje de Mas, que para colmo fue rechazada por los separatistas porque "llegaba tarde". No menor falta de ponderación y de proporcionalidad fue pensar que las resoluciones del Constitucional iban a parar a quien abiertamente había manifestado, sin miedo alguno a la inhabilitación, que no lo pararían "ni Constituciones ni tribunales".
No. Lo de Rajoy ante el gravísimo desafío que se planteó en Cataluña hace más de dos años no ha sido mesura, ni ponderación ni proporcionalidad. Ya decía alguien tan ponderado como Julián Marías: "No hay que rehuir los extremos cuando es menester: una estimación tibia ante lo que merece entusiasmo es un error; un débil desagrado o mohín de displicencia ante lo repugnante es una cobardía". Y en esa irresponsable cobardía estamos.