El PSOE ha vuelto a poner en evidencia la prioridad que otorga a sus alianzas con los nacionalistas, aun a costa de perpetuar algo tan grave y repugnante como es el control proetarra de los 42 ayuntamientos del País Vasco y Navarra en los que gobierna ANV. Así lo han demostrado los socialistas al rechazar, junto al PNV, CiU y ERC-IU-ICV, la propuesta de Rosa Diez, respaldada por el Partido Popular, de disolver dichos ayuntamientos a través de la aplicación del articulo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local.
Poco les ha importado a los socialistas que ese articulo fuese redactado en su día, precisamente, para echar de los consistorios a "partidos que formen parte del entramado terrorista", tal y como define a ANV la sentencia del Supremo que la ilegaliza. Poco les importa que, al amparo de ese artículo, y aun con muchos menos motivos, se disolviera convenientemente el Ayuntamiento de Marbella. Tampoco les ha importado que su negativa coincida con la decisión de la UE de incluir en su lista internacional de organizaciones terroristas a ANV y PCTV. Poco les ha importado, en definitiva, el enorme perjuicio moral, político y económico que para la lucha antiterrorista constituye mantener la regencia proetarra de todos esos ayuntamientos.
La desfachatez de las excusas dadas por el PSOE está a la altura de su nihilista negativa. Así, los socialistas han alegado que esta iniciativa de UPyD y PP debilita el "consenso" en política antiterrorista y constituye una "deslealtad" hacia el Gobierno. ¿Se referirán acaso los socialistas a ese "consenso" colaboracionista que, durante la primera legislatura, permitió a ETA tener interlocución, dentro y fuera de nuestras fronteras, al tiempo que, a través de la Fiscalía General del Estado, se impedía al Tribunal Supremo ilegalizar a ANV y PCTV? La repugnante traición que protagonizó el Gobierno de Zapatero a los más elementales principios de cualquier política antiterrorista digna de ese nombre –y que prolonga esta negativa a disolver los ayuntamientos de ANV–, no le hacen acreedor de lealtad alguna, sino merecedor de la más estrecha y suspicaz vigilancia.
En este sentido, si algo hay que reprochar al PP de Rajoy en esta segunda legislatura es que haya sido, en beneficio de Zapatero, el principal propagador de esa verdad a medias como es la de que el Ejecutivo socialista "ha rectificado" en política antiterrorista: evidentemente en esta "fase de confrontación" entre el Gobierno y ETA, que nace de la ruptura que provoca la insaciabilidad y premura con la que los terroristas exigen el cumplimiento de los "compromisos adquiridos" en pro de la última tregua, el Ejecutivo de Zapatero ya no se ha opuesto a la ilegalización de ANV y PCTV, ni ha neutralizado la capacidad de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a la hora de detener a los terroristas con los que sus representantes negociaban en la clandestinidad. Ahora bien, eso no es razón alguna para que el principal partido de la oposición sustituya el valor prioritario de la firmeza en la lucha antiterrorista al del apoyo a un Gobierno con tantos antecedentes felones al Estado de Derecho y que tantas muestras de confrontación coyuntural y temporal ofrece en su actual "fase" de lucha antiterrorista.
Si no vamos a negar que los nacionalistas hayan ofrecido, en estas circunstancias, cierta comprensión a Zapatero a la hora de reactivar parcialmente los mecanismos de nuestra democracia en su lucha contra ETA, esta negativa del PSOE a aplicar la legislación que permitiría la inmediata disolución de los ayuntamientos gobernados por ETA, también es una muestra de que Zapatero no quiere tensionar excesivamente sus relaciones con los nacionalistas, eje fundamental de todo su proyecto político. En este sentido, la supuesta alternativa ofrecida por los socialistas de llevar a cabo, ayuntamiento por ayuntamiento, mociones de censura contra ANV, no hace sino reflejar esa prioridad de contar con su apoyo, sin el cual esas mociones de censura no tendrían –y, por tanto, no tienen– posibilidad alguna de prosperar.
Esperemos que el PP siga de la mano de UPyD en esa "defensa desideologizada de lo obvio", por utilizar esa expresión de Rosa Diez que tanto habrá agradado a María San Gil. Esperemos que no se deje neutralizar por la acusación de "deslealtad" y que denuncie, sin complejos ni hipotecas, la poca lealtad que se merece quien prefiere el apoyo de los nacionalistas a la disolución de los ayuntamientos gobernados por un entramado terrorista.