Es muy difícil que la nueva ministra de Vivienda, Carmen Chacón, supere el listón de demagogia e inutilidad de su antecesora en el cargo, la inolvidable María Antonia Trujillo, al menos en el poco tiempo que resta de legislatura. Sin embargo, no podemos negar que Chacón parece estar intentándolo con denuedo.
Sus recientes afirmaciones de que el euribor ha “tocado techo” y que la subida de las hipotecas sólo ha afectado a unos “casos puntuales” de españoles sucedían a sus discrepancias de la semana pasada con Solbes respecto a las desgravaciones al alquiler o la edad a la que se emancipan los jóvenes en España. Este miércoles, Chacón ha vuelto a poner a prueba la paciencia del ministro de Economía al alinearse alegremente con la populista y delirante propuesta del presidente andaluz, Manuel Chaves, de garantizar por ley el acceso a la vivienda.
Aunque comprendemos que el ministro de Economía tenga que plantear de forma muy diplomática sus discrepancias con su compañera de gobierno, Solbes se ha quedado muy corto al mostrar sus “dudas” sobre esta propuesta de Chaves que conllevaría “un coste excesivo”. Los enfrentamientos entre ministros son cada vez más frecuentes en el Gobierno Zapatero, y varios de ellos los ha protagonizado el propio Solbes. No porque sea el de Economía un ministro especialmente díscolo, sino porque en este gabinete quien guarde un gramo de sensatez está condenado a tener más de un enfrentamiento con el resto.
Ciertamente, ni el presidente andaluz ni la ministra de vivienda han explicado nada respecto al dinero que sería necesario para que las administraciones garantizaran por ley que el esfuerzo para comprar una vivienda no supere un tercio de los ingresos familiares ni una cuarta parte en el caso de alquiler. Ahora bien, la cuestión ya no es sólo de costes, sino de una fracasada filosofía del derecho que transforma la responsabilidad de cada uno en obligación de los demás.
Algunos dirán que en la Constitución se contempla “el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, y eso es tan cierto como que nuestra Carta Magna también recoge “el derecho de todos los españoles al trabajo” y “a percibir por él una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”. Sin embargo, a nadie se le ocurre –por lo menos, por ahora– que las administraciones públicas contraten a todos los españoles que se encuentren en paro o que les paguen con el dinero de los contribuyentes un salario “suficiente” para sufragar sus “necesidades familiares”, entre las que –se presume– figura la vivienda. Una cosa es que los demás no nos puedan impedir el acceso a la vivienda y otra cosa muy distinta que tengamos el derecho a que nos la sufraguen.
Si el gobierno andaluz y la ministra de vivienda quieren favorecer el acceso a la vivienda a ese alto número de rentas mensuales que no superan los 3.100 euros –tope máximo para acceder a una vivienda protegida– que empiecen por reducirles los impuestos o por suprimir las absurdas restricciones políticas que restringen y encarecen el suelo urbanizable. Que liberalicen los contratos de alquiler y den garantía jurídica de su cumplimiento. Pero que no nos hagan creer que el trabajo y la vivienda –o el bienestar y la felicidad– se puede garantizar por ley. Eso es sólo un electoralismo barato, que nos puede resultar muy caro.
