La impresionante serie de escándalos en el seno del Partido Popular desvelados en los últimos años ha colocado a la formación que todavía preside Mariano Rajoy en la picota de la opinión pública. Y hay que decirlo claramente: con razón, porque el nivel de corrupción que según todos los indicios ha contaminado al PP en numerosos lugares es de una gravedad intolerable y ha llegado la hora de que muchos asuman, tal y como ha hecho Esperanza Aguirre, su responsabilidad política.
Sin embargo, muchos ciudadanos sin adscripción política concreta y muchísimos de los siete millones que aún votaron a los populares en las últimas elecciones contemplan la catarata de noticias con un doble mueca de desagrado: la que la corrupción produce por sí misma, desde luego, pero también la que causa un circo mediático que en lugar de buscar la verdad parece destinado a castigar a un partido que, más allá de que efectivamente esté sufriendo muchos casos de corrupción, sigue representando a una parte de la sociedad.
Obviamente, la corrupción del PP no debe ser ocultada o minimizada, pero tampoco debe serlo la de los demás partidos, que también sufren o han sufrido casos de una gravedad extrema.
El ejemplo más evidente de esto es un PSOE que se permite dar lecciones de limpieza democrática mientras es protagonista de los mayores escándalos, tanto en cuantía económica como en número de implicados, de la historia de la democracia. El PSOE de Andalucía ha desviado cientos de millones de euros de dinero público –muchísimo más de lo que ventila en los escándalos del PP– para usarlos en la compra de voluntades y el fortalecimiento de su régimen autonómico. Pero eso no parece interesar a los medios de comunicación ni, desde luego, a esos famosos periodistas erigidos en formidables justicieros. Rostros muy conocidos del duopolio televisivo a los que tampoco preocupa en exceso la fenomenal corrupción que durante años ha hecho de Cataluña una máquina de generar dinero en B para casi todos los partidos y, especialmente, para las familias más conocidas del Principado. Una corrupción mucho mayor que la del PP y al menos igual de escandalosa, pero que ha llevado a bastantes menos de sus responsables a la cárcel.
Es un tratamiento injusto, una doble vara de medir que no merecen todos los votantes, la mayoría de los militantes y muchos de los cargos del PP, pero también hay que reconocer que es en buena parte responsabilidad de un Gobierno –y muy especialmente de su vicepresidenta– que ha trazado un mapa mediático absolutamente irresponsable, minando la pluralidad, atacando a la prensa escrita y entregando toda la capacidad de generar la agenda pública a televisiones capitaneadas por una serie de periodistas de extrema izquierda que trabajan desde hace años para la implantación del bolivarianismo en nuestro país.
En el pecado llevarían la justa penitencia si no fuera porque el PP es –o debe ser– mucho más que Rajoy y Sáenz de Santamaría y, sobre todo, porque su infinita torpeza e irresponsabilidad no la van a pagar ellos sino todo un país que se está viendo abocado a sufrir en sus propias instituciones el drama de un populismo que ha demostrado allí donde ha tenido la oportunidad que es capaz de hundir por completo una sociedad.