El debate de investidura del candidato de Convergencia y Unión, Artur Mas, como presidente de la Generalidad de Cataluña, ha disipado cualquier duda acerca del objetivo político de esta nueva legislatura pilotada por CIU que, en lo esencial, no se va a distinguir de la muy lamentable trayectoria de los anteriores ejecutivos fruto del acuerdo tripartito entre las fuerzas nacionalistas y de izquierda.
La erradicación de la lengua común de todos los españoles y la persecución de los que pretendan lo contrario en ese territorio, el establecimiento de un marco de financiación injusto y anticonstitucional, la decisión formal de no acatar las sentencias judiciales o la amenaza de secesión de esa parte de España salvo que la aritmética política en la política nacional aconseje lo contrario, son los grandes ejes esbozados por el candidato investido tan sólo con leves toques de maquillaje ideológico con los que, en definitiva, la rebelión institucional de un órgano del Estado como lo es la comunidad autónoma pretende adquirir carta de naturaleza. El hecho de que el partido político que sostiene al Gobierno de la nación se muestre entusiasmado con este programa de radicalismo inverecundo y anticonstitucional, añade una recia dosis de vergüenza colectiva a esta gravísima decisión que alguna vez esos dirigentes actuales tendrán que explicar sus votantes.
En esencia, lo que pretende Artur Mas es aplicar cierto decoro a la gestión económica de una institución devastada como la Generalidad para mejorar la herencia tripartita, algo al alcance de cualquier político dada la forma en que se han conducido siempre los incompetentes comandados primero por Maragall y más tarde por Montilla. En el resto de asuntos que competen a su jurisdicción política, el nuevo Gobierno que tomará posesión esta próxima semana no sólo comparte la visión de sus tristes antecesores, sino que se muestra dispuesto a intensificar su acción en todas aquellas materias que conduzcan al establecimiento de una sociedad nacionalista, usufructuando la riqueza de otras regiones mientras llega la independencia a modo de un peaje que incomprensiblemente el resto de los españoles nos vemos condenados a pagar generación tras generación.
Ese, y no otro, es el objetivo del nacionalismo identitario a pesar de que, en ocasiones, haya querido verse a los dirigentes de CiU como políticos sensatos en los que se puede confiar más allá de sus concesiones al separatismo, tomadas tradicionalmente como una excentricidad elaborada en clave interna electoral. De extravagancias, nada de nada. Artur Mas tiene decidido llevar el proyecto político de un camaleónico Pujol hasta sus últimas consecuencias. Por desgracia, la penosa situación política de la España de Zapatero ofrece a estos y al resto de nacionalistas una ocasión inmejorable.