La decisión de la Corte Internacional de Justicia declarando legal la independencia de Kosovo proclamada unilateralmente en febrero de 2008, pone de nuevo al ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en una difícil situación, consecuencia de su alocada trayectoria en todo lo que se refiere al papel de España en la crisis de los Balcanes.
Dejando a un lado lo asombroso de una decisión del Tribunal de la Haya que contradice los usos, tratados y jurisprudencia anteriores en materia de derecho internacional, lo cierto es que el gobierno de Zapatero se encuentra ante un problema de origen exterior que siempre ha gestionado en función de intereses partidistas para consumo interno.
Tras la proclamación unilateral de la independencia de una región, que a mayor abundamiento ni siquiera fue una de las repúblicas integrantes de Yugoslavia, el Gobierno español decidió que nuestras tropas permanecieran en el territorio formando parte de la fuerza conjunta internacional, a pesar de que, expresamente, España no reconoció esa decisión secesionista de un parlamento regional. ¿Para qué permanecieron un año más nuestros soldados allí? No lo sabemos, porque ni Zapatero ni sus ministros dieron una explicación convincente.
Como tampoco aclararon por qué también de forma imprevista, un año más tarde, la ministra Chacón anunció abruptamente que nuestras tropas abandonaban Kosovo sin que hubiera habido ninguna modificación sustancial en el estatus jurídico-político de ese nuevo miniestado al que la Corte Internacional ha otorgado ahora una estrambótica carta de naturaleza.
Que la gestión de la OTAN y la UE en los Balcanes no cumplió ninguno de los objetivos previstos en cuanto a la estabilización de la zona es ya un hecho compartido por todos los países serios. Se trató únicamente de contener las matanzas étnicas castigando a los serbios de forma brutal mientras se contemporizaba con el surgimiento de nuevas entidades políticas de corte étnico, cuyas represalias contra la población civil no tuvieron nada que envidiar a los sufrimientos padecidos bajo la bota del desaparecido Milosevic.
Siendo esto último cierto, no lo es menos que el papel de un país que se respete a sí mismo debe ser siempre apostar por la defensa de los mismos principios que mantiene en su propio territorio que, como en el caso de España, no está ayuno de intentonas secesionistas en algunas de sus regiones.
Si cuando surge una rebelión institucional fuera de nuestras fronteras el gobierno actúa de forma tan insustancial como lo ha hecho el ejecutivo de Zapatero en el caso de Kosovo, es fácil suponer cuál puede ser su reacción si alguno de sus socios políticos decide seguir el ejemplo de los dirigentes de ese narcoestado de corte étnico dentro de nuestras fronteras. ¿Preguntamos a la ministra Chacón?