George Orwell decía que en ocasiones es preciso defender lo obvio; y eso es, ni más ni menos, lo que un grupo de catedráticos, jueces y abogados catalanes han hecho en un manifiesto que, con el título El Derecho, al servicio de las libertades, proclama: "No hay democracia fuera del Estado de Derecho y del imperio de la ley".
Aunque dicho manifiesto no haga mención expresa al proceso separatista que viene perpetrándose en Cataluña, ni nombre a político alguno, su reivindicación del "pacto constitucional" y del "ordenamiento jurídico de la Unión Europea y de sus Estados miembros" es una implícita y clara deslegitimación de un proceso abiertamente rupturista con el ordenamiento jurídico vigente como el que están llevando a cabo los mandatarios regionales de Cataluña. Especialmente oportuna es la exigencia de que el debate público se desarrolle "en el marco del necesario respeto a las leyes y a las decisiones de los tribunales", habida cuenta del cúmulo de ilegalidades que conlleva el procés y de la campaña de hostigamiento al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde el lunes se inicia el juicio contra Mas, Ortega y Rigau.
Los separatistas tienen la desfachatez de acusar al Gobierno de "judicializar la política", cuando quienes la judicializan son ellos, al empeñarse en llevar la política al terreno de la ilegalidad. ¿Qué pretenden, que los delitos queden impunes por el hecho de tener motivaciones políticas?
La política, como toda acción humana, debe estar sometida al imperio de la ley, y si algún pero se le puede poner a la administración de justicia en este asunto es el tiempo que ha tardado en juzgar la desobediencia y prevaricación que conllevó el ilegal "proceso participativo", o como lo quieran llamar, de 2014; o que se haya retirado de dicha causa la acusación de malversación; o que esta sea hasta la fecha la única ilegalidad del procés que se ha llevado ante los tribunales, a pesar de las no menos ilegales estructuras de Estado y de las otras desobediencias, no menos graves, que los mandatarios de la Generalidad vienen llevando a cabo impunemente desde 2012.
Se puede convenir en que, en una democracia, toda resolución o sentencia judicial puede ser objeto de elogio o de crítica pública; pero todas deben ser obedecidas, y desde luego nada justifica que una multitud rodee una sede judicial para impedir o tratar de torcer el funcionamiento del Estado de Derecho, tal y como pretenden hacer el lunes las cuatro grandes organizaciones, supuestamente cívicas, en las que coinciden todos los partidos y facciones separatistas. La ANC, Òmnium, la Associació de Municipis per la Independència y la Associació Catalana de Municipis –todas ellas subvencionadas con dinero público– pretenden llevar a más de quince mil personas frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para arropar a los antiguos mandatarios y más que presuntos delincuentes.
Es posible que lo logren, pero lo que es seguro es que ninguno de esos manifestantes se manifestará ante la sede del partido de Artur Mas para protestar por la corrupción del 3%, que este mismo jueves ha ocasionado nuevas detenciones.
