El acto proetarra organizado ayer en la localidad navarra de Alsasua para dar la bienvenida a terroristas huidos de la Justicia ha levantado la lógica indignación entre las víctimas del terrorismo. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, entidad presidida por Consuelo Ordóñez, hizo acto de presencia en el lugar de reunión elegido por los asesinos no sólo para mostrar su indignación, sino también para hacer entrega de un listado con los 400 asesinatos perpetrados por ETA aún sin resolver, como testimonio de que las cuentas de esos asesinos con la sociedad española están muy lejos de quedar saldadas.
Los terroristas participantes con plena impunidad en este acto vergonzoso han utilizado su retórica habitual para tratar de presentarse como víctimas de la intolerancia de los gobiernos español y francés, como si el hecho de que hayan prescrito judicialmente las causas abiertas contra ellos lavara la sangre que todavía chorrea de sus manos. Muy al contrario, si han podido celebrar ese aquelarre siniestro no es porque sean inocentes, sino por su utilización de los resquicios de una legislación anacrónica de cuyas dolorosas lagunas todavía se están beneficiando.
Ahora bien, está claro que ningún acto de estas características podría celebrarse en territorio español sin el consentimiento del Gobierno, cuya indulgencia con la organización asesina constituye un insulto para todos los españoles y, muy especialmente, para las víctimas de la barbarie etarra. Como acertadamente señaló ayer Consuelo Ordóñez, es el Gobierno el que faculta a estos asesinos para entrar legalmente en el país y además, según la presidenta de Covite, el que informa a los etarras de que sus causas judiciales han quedado prescritas.
El agravio es todavía mayor puesto que, a todas luces, actos como el celebrado ayer en Alsasua constituyen un enaltecimiento del terrorismo, figura penada por nuestras leyes actuales, cuya organización ha sido llevada a cabo además por un colectivo, el de de huidos de ETA, que no es más que otra rama de la organización terrorista como ha quedado acreditado en numerosas causas judiciales.
Resulta muy doloroso que tengan que ser las organizaciones de víctimas las únicas que, poniendo en riesgo la seguridad de sus miembros, actúen en la medida de sus posibilidades contra estos actos vergonzosos y delictivos. Unos conciliábulos siniestros que sólo la inacción culpable del Gobierno de Mariano Rajoy permite que todavía se sigan organizando en un régimen de vergonzosa impunidad.