Este miércoles hemos vivido un nuevo capítulo en la interminable y bochornosa historia de la redacción de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña: El sexto borrador de resolución, a cargo del magistrado Guillermo Jiménez, y que preveía la declaración de inconstitucionalidad de una veintena de preceptos y la interpretación restrictiva de otros tantos, ha sido retirado por su redactor antes de ser sometido a votación ante la previsible falta de los apoyos necesarios. La presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, ha asumido la ponencia de la sentencia anunciando al pleno su intención de presentar su propuesta "a la mayor brevedad posible".
Antes de hacer nuevas consideraciones, debemos destacar, una vez más, el patético espectáculo que supone el hecho de que el Tribunal todavía sea, cuatro años después, incapaz de emitir un fallo sobre un estatuto de tan clamorosa inconstitucionalidad que hasta uno de sus promotores, el ex presidente catalán Pasqual Maragall, terminó por reconocer que no tenía cabida sin "una reforma previa" de nuestra Carta Magna. Sólo la politización y falta de independencia de la Justicia, que los socialistas impulsaron al grito de "Montesquieu ha muerto" y que los populares no revocaron durante sus años de gobierno, explican este grave retraso.
El hecho de que la ponente del nuevo borrador vaya a ser la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, no augura nada bueno: En primer lugar, Casas ha demostrado ser fiel a las tesis del Partido Socialista que la nombró, no ya sólo por su posicionamiento ante los borradores anteriores, sino por la bochornosa y servil forma en la que públicamente aguantó la reprimenda que le dirigió la vicepresidenta Fernández de la Vega durante el Desfile Militar de 2007. En segundo lugar, cabe también recordar que Casas está casada con Jesús Leguina, quien fue contratado y retribuido por la Generalidad de Cataluña para defender jurídicamente el estatuto que ella ahora tiene que juzgar. Y en tercer lugar, cabe señalar que, aunque Casas no sea el único miembro del Constitucional al que hace tiempo que se le caducó su mandato, esta circunstancia es mucho más lamentable en su caso ya que, en su condición de presidenta del Tribunal, goza de voto de calidad, es decir, de la facultad para que en caso de empate entre los 10 magistrados (5 a favor, 5 en contra) sea su voto el que haga posible un fallo sobre el Estatut.
Recordemos, así mismo, que el pasado 16 de abril la magistrada nombrada por el PSOE Elisa Pérez Vera presentó un borrador tan escandalosamente permisivo con el Estatuto –tan sólo anulaba una quincena de artículos y sometía a interpretación a otra veintena– que hasta un magistrado de "adscripción socialista" como Manuel Aragón votó en contra del mismo, junto a los cinco magistrados nombrados a propuesta del PP.
Parece, sin embargo, que Aragón esta vez no ha querido volver a romper esa "disciplina" ante el borrador de resolución redactado por el magistrado de "adscripción conservadora" Guillermo Jiménez, única razón que explicaría que este último lo haya retirado sin someterlo a votación. Al pasar a ser ahora Casas la encargada de redactar otro borrador, lo lógico es que esta se limite a retocar el permisivo borrador presentado en abril por Pérez Vera lo justo para que Aragón le dé su apoyo. De esta forma se generaría previsiblemente un empate a cinco, que permitiría a la presidenta ejercer su, nunca peor llamado, "voto de calidad".
De no producirse así las cosas, estaríamos abocados a un indefinido estancamiento de la sentencia: una circunstancia que también supone un lamentable dilema a los magistrados que permanecen fieles a la letra y al espíritu de la Constitución del 78. Por una parte, esa fidelidad les aboca a un enquistamiento que impide que se dicte sentencia, tiempo que juega a favor de los impulsores del Estatut, que lo están desarrollando y llevando a la práctica en todos sus extremos al no impedírselo, ni siquiera un poco, nuestro inoperante Tribunal Constitucional. Pero transigir en pro de que haya una sentencia que al menos limite el desarrollo de ese mamotreto soberanista en sus más clamorosos extremos, abocaría también a estos magistrados a dar por "buenos" muchos artículos cuya inconstitucionalidad tampoco ignoran. Aquí el famoso "lo mejor es enemigo de lo bueno" se trocaría por un "lo malo es enemigo de lo peor". Claro que esto son consideraciones más tácticas que jurídicas. Sin embargo, a este bochornoso escenario nos han llevado quienes, al grito de "Montesquieu ha muerto", nos hacen correr ahora el riesgo de ver enterrada a nuestra nación como Estado de Derecho.