Como cabía esperar, las marchas en defensa del derecho de Garzón a prevaricar concluyeron en ataques directos contra las instituciones democráticas y contra la esencia de la democracia misma. Las proclamas oscilaban desde pedir la ilegalización del PP hasta procesar a los miembros del Tribunal Supremo. Nada, por cierto, que no cupiese anticipar desde que quien fuera fiscal en tiempos de Franco, Jiménez Villarejo, acusó a los miembros del alto tribunal de ser cómplices de las torturas.
Al final, certificada la muerte de Franco, parece que la causa general contra el franquismo que inició Garzón se está transformando en una causa general contra lo que la izquierda reputa "herederos del franquismo". A saber, la derecha, que siempre les ha sobrado en su camino hacia la revolución, y la democracia española en su conjunto, sucesora directa de la reforma, que no ruptura, del régimen anterior.
Suele decir Carrillo que la derecha actual es idéntica a la del 36. Pero si algo se está volviendo cada vez más calcado a esa época es la izquierda y su pose crecientemente guerracivilista. No sólo por las consignas del estilo "No pasarán", sino por ese sentimiento de que las instituciones deben emplearse para acorralar a los enemigos de clase y que, cuando éstas fracasan en tal empeño, deviene legítimo rebelarse contra ellas. Sucedió en el 34 y se repite ahora, a menor escala, ante el temor de que el PP regrese al poder o lo mantenga allí donde no lo ha perdido todavía –de ahí la desproporcionada inquina contra Esperanza Aguirre– y ante lo que consideran una afrenta del Supremo contra uno de los suyos. Por eso Blanco, ministro de Fomento del Reino de España, se congratulaba equiparando al PP con los falangistas, porque así permite que la izquierda exhiba su lado más totalitario sin que una derecha caricaturizada como extremista la pueda acusar de ir contra la democracia.
Y es que la izquierda no parece entender, o no quiere aceptar, que en democracia todo el mundo debe estar sometido a las mismas leyes y que los fueros o los privilegios personales son algo propio del Antiguo Régimen o de las dictaduras modernas. Pero lo que buscan es precisamente la impunidad para los suyos, de modo los equilibrios institucionales y los contrapesos que conforman de un sistema democrático son obstáculos en el camino.
Por ejemplo, aparte de la mentira descarada ("se persigue a Garzón por querer investigar los crímenes del franquismo"), recurren a todo tipo de argucias para justificar simple y llanamente que Garzón debe ser intocable por la justicia española: desde que la Ley de Amnistía sólo resulta de aplicación a los criminales del bando republicano a que el delito de genocidio justifica la retroactividad de las leyes penales salvo para ellos.
Lo cierto es que nada le impide a Garzón blandir semejantes argumentos en su defensa durante la fase del juicio oral. El problema de las marchas guerracivilistas no es que traten de defender la inocencia de Garzón, sino que buscan descalificar el mero hecho de que sea juzgado. Ante la duda más que razonable de que el juez ha delinquido por prevaricación, niegan cualquier legitimidad al Supremo para encausarle. Pero como carecen de razones que expliquen por qué un individuo debe situarse por encima de la ley, su táctica pasa directamente por destruir las instituciones.
No basta, pues, con que los demócratas defiendan la independencia judicial (y menos con la boca pequeña como suele hacer Zapatero). La izquierda guerracivilista va más allá de presionar al Supremo para que absuelva a Garzón. Su objetivo es socavar la legitimidad misma del Alto Tribunal para enjuiciar a un ciudadano español de izquierdas. La misma táctica, dicho de sea paso, que puede observarse en los nacionalistas con respecto al Tribunal Constitucional: no debe ser competente para enjuiciar una norma catalana.
Garzón, en el fondo, les importa bastante poco. Lo esencial es romper los pactos sobre los que se asentó la Transición para marginar y perseguir a los enemigos de la izquierda. Por eso la democracia y las instituciones les sobran; por eso no dudan en atacarlas abiertamente con la complicidad cada vez menos oculta del Gobierno. Al fin y al cabo, fue Zapatero y su legislación de "memoria histórica" la que dio el pistoletazo de salida para todo este aquelarre.