Ya es grave que un juez pretenda enjuiciar una causa sin tener competencias jurisdiccionales para ello. Aun es peor si, además, los supuestos delitos que pretende enjuiciar ya han prescrito y, para colmo, sus presuntos autores llevan años bajo tierra. Esto es exactamente, sin embargo, lo que hizo el juez Garzón al arrogarse unas competencias de las que carecía la Audiencia Nacional para enjuiciar unos crímenes como los perpetrados durante la guerra civil y el franquismo, cuya responsabilidad penal había prescrito según los plazos señalados por el Código Penal –por no hablar de la Ley de Amnistía de 1977–, y al acusar de ellos a personas cuyo abandono del mundo de los vivos era tan notorio como el de Franco, Mola, Serrano Súñer, Cabanellas, Muñoz Grandes y el resto de altos cargos del llamado "bando nacional" a los que Garzón, en su enfermizo afán de notoriedad, acusaba nada menos que de delitos asimilables al de genocidio.
Como es conocido, el resultado de todo este trágico esperpento fue la declaración de extinción de responsabilidad penal por fallecimiento de los acusados y la decisión de Garzón de inhibirse de la causa a favor de los juzgados territoriales en los que se encontraban las fosas comunes que mandó abrir cuando se autodeclaró competente para instruir tan delirante procedimiento.
Ante la acusación de prevaricación que ahora pesa sobre Garzón por este asunto, consideramos que ya es bastante desfachatez por su parte su pretensión de hacer creer al Tribunal Supremo que su actuación no la llevó a cabo a sabiendas de que no la respaldaba la ley como para que ahora se permita además presionar a los magistrados quejándose del "retraso injustificado" en esta instrucción que considera "propia de un proceso inquisitorial".
Pero que uno de los jueces con mayor número y más graves causas pendientes de resolución se permita criticar la lentitud del Tribunal Supremo tiene tanta validez como lo que le pueda reprochar la sartén al cazo. Más aun cuando Garzón, al abrir sin amparo legal su causa general contra el franquismo, acaparó por puro afán de notoriedad enormes recursos humanos y económicos necesarios para atajar la lentitud de la justicia.
Recordemos también que, gracias a los muchos y notorios retrasos de Garzón, se dejó de prorrogar en 2007 órdenes preventivas destinadas a evitar que Batasuna pudiese recuperar al menos 48 herriko tabernas embargadas desde 2002. También gracias a otro retraso –o algo peor– de Garzón, Batasuna pudo celebrar numerosos actos políticos durante la negociación del Gobierno de Zapatero con ETA. Recordemos también que en 2008, gracias a otro retraso de Garzón, quedaron en libertad dos presuntos narcotraficantes turcos, ya que este juez fijó la vistilla en la que debía prorrogarse su prisión preventiva dos días después de concluir el plazo legal para poder hacerlo. Eso, por no recordar, entre muchos otros más, el más célebre retraso de Garzón como es el que afecta al esclarecimiento del delito de colaboración con banda armada que cometieron dos agentes policiales, bien motu proprio, bien siguiendo órdenes de sus superiores, al informar a integrantes del aparato de extorsión de ETA de que estaban siendo vigilados por orden del juez Grande Marlaska.
Si la bochornosa actuación de Garzón ante la "paz sucia" de Zapatero le desacredita para que dé lecciones sobre el imperio de la ley y el Estado de Derecho, no es mayor su autoridad moral a la hora de criticar la siempre lamentable dilación de nuestros Tribunales de Justicia.