Tras más de dos décadas de inmersión forzosa, los catalanes no conciben otro modelo educativo. Al menos eso es lo que se desprende de sendas encuestas realizadas por los diarios ABC y El Mundo con motivo de las elecciones autonómicas. Si bien la mayor parte de encuestados censura que la administración obligue a los comerciantes a rotular sus negocios en catalán, o que se imponga una cuota de películas dobladas al catalán en las salas de cine, el plato único lingüístico en la educación discurre por derroteros muy distintos.
La conclusión que puede extraerse de los datos demoscópicos es que la sociedad catalana ha terminado por desensibilizarse en este último tema, y asume como buena la disparatada y liberticida política de inmersión lingüística que se practica en Cataluña desde los años ochenta. En aquel entonces, cuando se empezó a aplicar contra pronóstico –los catalanistas hasta aquel momento decían defender el bilingüismo– la imposición del catalán en la escuela, se levantaron algunas voces críticas dentro y fuera de la propia Cataluña. Los padres castellanohablantes se encontraron ante la disyuntiva de escolarizar a sus hijos en un idioma que, aunque cooficial, no era el suyo o abandonar el principado si pretendían que sus hijos estudiasen en su lengua madre.
La polémica en torno a la inmersión duró bastante tiempo, luego fue diluyéndose y hoy sólo unos pocos mantienen viva la denuncia. La lección es simple. Si el nacionalismo dispone de suficiente tiempo y de los múltiples resortes del poder político, puede conseguir casi cualquier cosa que se proponga. Porque, no nos engañemos, esta misma encuesta hubiera sido impensable hace solo treinta años, cuando el uso del catalán era incluso mayor que ahora. Entonces, ¿por qué los mismos que aplauden la inmersión en la escuela desaprueban la rotulación o el doblaje obligatorios? Sencillamente porque estas dos últimas leyes son muy recientes y su intromisión en asuntos que en nada competen al Estado aún chocan en la conciencia de la población.
Pasado un tiempo, diez o veinte años como en el caso de la legislación educativa, los catalanes se habrán acostumbrado a coerciones hoy tan injustificables y a una mayoría le parecerá bien que existan. La excusa será la misma que ahora y que hace treinta años: la presunta debilidad de la lengua catalana frente al imperialismo lingüístico de la española. Una coartada que se cae por su propio peso cuando lo que vemos y oímos es justo lo contrario. La mayor parte de los catalanes prefiere que sus hijos se eduquen en catalán, luego ¿dónde está esa debilidad? En la educación la débil ahora es la española, una lengua tan poco atractiva que sólo el 4,4% de los padres quieren que sea la lengua vehicular en la enseñanza de sus hijos.
De cualquier modo, ya sean muchos o pocos los catalanes que estén a favor de la inmersión lingüística, el hecho es que esta ley vulnera el principio de libertad de elección de los padres y consagra el monolingüismo de curso obligatorio. La cuestión no es imponer el castellano o el catalán sino algo tan elemental como dejar elegir a los padres en cuál de las dos lenguas cooficiales quieren que se eduquen sus hijos. Si luego el 100% decide que prefiere el catalán, bienvenido sea. Lo importante es que esta unanimidad no se deba a la coacción estatal, sino a la decisión libre y soberana de los individuos, en este caso de los principales responsables de la educación de los niños, que no deben nunca ser los políticos, sino sus padres.