Tras declarar extinguida la responsabilidad penal por fallecimiento de Franco, Mola, Serrano Suñer, Cabanellas, Queipo de Llano, Muñoz Grandes y casi una treintena de altos cargos del llamado "bando nacional", a los que acusaba nada menos que de delitos asimilables al genocidio, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha decidido en un auto de más de 150 folios inhibirse de la citada causa a favor de los juzgados territoriales en los que se encuentren las fosas comunes que mandó abrir cuando se autodeclaró competente para instruir este delirante procedimiento el pasado 16 de octubre.
Algunos dirán que con esta resolución, Garzón no hace más que adelantarse a la decisión que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que adoptar en una próxima reunión acerca de la competencia del magistrado para investigar estos hechos, a lo que la Fiscalía se oponía, entre otros motivos, por entender que son competencia de los juzgados territoriales donde supuestamente se cometieron los crímenes.
La resolución, sin embargo, no deja por ello de ser menos esperpéntica y criticable. La supuesta responsabilidad penal de los acusados no sólo estaba extinguida por sus fallecimientos, acreditados desde muchos años antes del inicio de la causa, sino porque todo el sumario, de cabo a rabo, vulneraba y vulnera de forma flagrante la Ley de Amnistía, aprobada en 1977, y los plazos de prescripción de los delitos que establece el Código Penal.
Si no fuera por las heridas que ha reabierto con su maniquea pretensión de enjuiciar penalmente sólo los crímenes perpetrados por uno de los dos bandos enfrentados en la Guerra Civil, por el dinero que ha costado a los contribuyentes, por el desprecio que ha manifestado a la legalidad vigente, y por el tiempo que ha dejado de dedicar a los asuntos pendientes y urgentes que aguardan en su juzgado, la esperpéntica actuación de Garzón hasta podría resultar cómica.
No hay que extrañarse, en este sentido, del hecho de que las principales asociaciones de jueces, sea cual sea su adscripción ideológica, hayan dirigido criticas a la actuación del juez, no sólo por el absurdo de remover Roma con Santiago para declarar muerto a Franco, sino también por endosar la situación que él ha creado a sus colegas de los juzgados territoriales.
Aunque hemos de suponer que todos los responsables de los juzgados territoriales tienen ya constancia del fallecimiento de Franco, tanto como de la Ley de Amnistía y de los plazos de prescripción de nuestro Código Penal, no hay que descartar que algunos de ellos quieran seguir los esperpénticos pasos de Garzón. Eso nos llevaría a un nuevo espectáculo como sería el de ver fallos judiciales contradictorios entorno a una misma causa. Y es que Franco habrá muerto, pero la truculenta "garzonada" puede seguir viva.