El Gobierno de Mariano Rajoy ha pedido a la UE que se pronuncie con claridad y contundencia a propósito del secesionismo en el seno de la propia Unión. Y es que, pese a que debería resultar evidente que una comunidad de las características de aquélla no puede aceptar la implosión de uno de sus componentes, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, galardonada con la Cruz de Sant Jordi en 1992, parece haber dejado la puerta abierta a que el desafío independentista de Artur Mas llegue a buen puerto.
Como dejó meridianamente claro Bruselas en 2004, ningún territorio de los que conforman los Estados integrados en la Unión Europea puede declarar su independencia de manera unilateral, y menos aún con la pretensión de que se lo considere un nuevo Estado miembro de la misma. Es lo lógico y razonable, hasta la ínclita comisaria luxemburguesa debería reconocerlo: seguro que no la obligarían a devolver la célebre distinción catalana por ello.
Hace bien, pues, el Gobierno en formular tal exigencia a la Unión. Pero haría aún mejor en demostrarse tan claro y contundente aquí, en Cataluña, o sea en España. Despejar cualquier duda acerca de su determinación a cumplir y hacer cumplir la ley y la Carta Magna a todo el mundo, empezando por el atrabiliario presidente Mas, que se regodea ufano en la deslealtad a España... y en el incumplimiento de las sentencias que emanan de nuestros tribunales. Un presidente autonómico, no lo olvidemos, que ha gobernado con el apoyo del PP (al que en tiempos no tan lejanos ultrajó acudiendo a un notario para hacer constar su rechazo a llegar a pacto alguno con él), partido con el que su formación independentista, CiU, aún tiene acuerdos institucionales, por ejemplo en la Diputación de Barcelona.
De Europa cabe esperar apoyo, no socorro. Somos nosotros los que debemos lidiar con y resolver nuestros problemas, no nuestros socios. Que eso son, no amos ni lacayos.