Ni veinticuatro horas ha tardado el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, en dejar claramente de manifiesto su voluntad de desobedecer la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la Consejería de Exteriores de su Gobierno central.
Dada la cantidad de sentencias del TC a las que la Administración regional en rebeldía viene haciendo caso omiso impunemente desde el año 2012, no es de extrañar esta actitud en quienes están protagonizando desde entonces un golpe de Estado institucionalizado en Cataluña. Lo único que cabria señalar es la sorna con la que Puigdemont se ha permitido mostrar su desprecio al Alto Tribunal al señalar: "Citando a un gran futbolista catalán [Gerard Piqué], yo al Tribunal Constitucional le diría: gracias, contigo empezó todo", ha dicho, lo que ha provocado risas y aplausos en la bancada separatista.
Lo que debería provocar sonrojo a todos los españoles es que, ante estas reiteradas y clamorosas desobediencias al TC, al Gobierno de la nación no se le ocurra otra cosa que presentar recursos ante ese mismo tribunal. Así lo viene haciendo el desde que Artur Mas proclamara aquello de "No nos pararán tribunales ni Constituciones", allá por noviembre de 2012. Y, ciertamente, desde entonces ninguna Constitución ni ninguno de los muchísimos pronunciamientos en contra del TC han logrado parar el delictivo proceso de construcción nacional que se está perpetrando en Cataluña gracias, en gran medida, a los Fondos de Liquidez Autonómica que le procura el Gobierno central con el objetivo de evitar a la Administración regional en rebeldía la suspensión de pagos.
Esta misma Consejería de Exteriores, supuestamente suspendida, tiene un presupuesto de 19 millones de euros y va a suponer el aumento en un 8% del número de altos cargos de la Generalidad; todo para duplicar el número de embajadas catalanas actualmente ya existentes.
No menos ilegal que esta Consejería de Exteriores son la Comisión del Proceso Constituyente, que se constituía el pasado 28 de enero, y las tres leyes básicas de desconexión de Cataluña con el Estado español –la de Transitoriedad Jurídica, la de Estructuras de Estado (Hacienda y Seguridad Social) y la del Proceso Constituyente)– que la Generalidad se dispone a tramitar, haciendo caso omiso a la suspensión del TC de la declaración soberanista del 9 de noviembre.
Los separatistas siguen adelante en su bien financiada senda de impunidad, sacando tajada de la división de unas formaciones constitucionalistas incapaces de llegar a ningún acuerdo que no sea el de recurrir vanamente al TC.