Visto lo ocurrido superficialmente en el país centroamericano esta última semana, todo estaría claro. Había un presidente democráticamente elegido que fue detenido y expulsado del país por el Ejército, que tras un golpe de estado –eso sí, incruento– habría puesto a un sustituto civil al frente del país. Dentro de los numerosos ejemplos que ha dado Hispanoamérica de este tipo de intervenciones, ya catalogadas por Carlos Rangel hace 30 años en su Del buen salvaje al buen revolucionario, estaría entre las más benignas. Pero no deja de ser un golpe de estado contra una democracia que desde 1982, todo un récord en la zona, había permanecido estable y en paz.
Sin embargo, a poco que un observador imparcial profundizara en el caso, vería una serie de incongruencias que casan mal con ese sencillo paisaje. Para empezar, no sólo el Ejército, sino también los poderes legislativo y judicial de Honduras han apoyado que se defenestrara a Manuel Zelaya. Por otro lado, quienes más ruido están haciendo fuera del país reclamando el regreso del presidente al poder en nombre de la democracia son Hugo Chávez, Daniel Ortega, Rafael Correa, Evo Morales y Raúl Castro. Gobernantes que, al margen de la mala consideración que podamos tener sobre sus políticas, no cabe duda de que otorgan a la democracia y las instituciones un valor meramente instrumental. Escuchar al dictador cubano o al gorila rojo defender las instituciones que han destruido en sus propios países hace sospechar que lo importante para ellos no es Honduras, sino su adscripción al proyecto chavista del "socialismo del siglo XXI".
La democracia no es sólo un ritual periódico por el que se acude a las urnas. Es principalmente un sistema en el que se respeta a las minorías, las instituciones y el Estado de Derecho frente al poder arbitrario de la mayoría legítimamente elegida. Un presidente no puede hacer todo lo que quiera al frente del poder Ejecutivo, sino que dispone de una serie de limitaciones enfocadas, cuando la democracia está bien diseñada, para impedir que pueda acaparar todo el poder, dividiéndolo según las enseñanzas de Montesquieu.
Zelaya había ido cambiando de chaqueta conforme avanzaba su mandato. Escogido por un partido de centro-derecha, se había alineado con Chávez y su eje bolivariano. Sin duda, era un fraude a sus electores, pero no era algo ilegal. Sin embargo, como los principales líderes de ese eje, también estaba planteando la posibilidad de cambiar la Constitución para poder seguir en el poder, con un referéndum que violaba los artículos 5, 239, y 374 de la ley de leyes hondureña, que de hecho considera delictivo y causa de cese "inmediato" en el cargo promover siquiera ese cambio.
Se podrá discutir si esa peculiar característica de la Constitución hondureña, encaminada a impedir el surgimiento de caudillos, es buena o mala, aunque vista la historia reciente de Hispanoamérica parece especialmente sabia y previsora. Pero lo que no puede hacerse es ignorarla en el análisis de lo que ha sucedido. La Corte Suprema prohibió la consulta de Zelaya, y éste desobedeció el dictamen del poder judicial. Asimismo, se ha desvelado que el juez encargado por el tribunal de investigar al presidente había ordenado su detención al Ejército, aunque no que lo expulsara del país. Pero al margen de la credibilidad que merezca el documento, no cabe duda de que la defenestración por parte del Ejército de un jefe de Estado es todo lo contrario al ideal y las costumbres democráticas, y debe ser condenado.
Sin embargo, quedarse en esa condena sería injusto, especialmente con la realidad. Los militares no se despertaron un día y decidieron dar un golpe porque sí. Y Zelaya, con sus acciones encaminadas a subvertir el orden constitucional de Honduras, había perdido todo el derecho a mantenerse en su cargo, según las propias leyes hondureñas. Resulta ridículo que la OEA decida expulsar a Honduras por incumplir su "Carta Democrática" semanas después de proponer a Cuba su ingreso en la organización, invitación finalmente rechazada por la dictadura. Pero el nuevo Gobierno de Honduras, el Parlamento y la Corte Suprema debieron tener en cuenta que un golpe de esta naturaleza era la mejor forma de legitimar a Zelaya cara al mundo, y la peor de restablecer la normalidad democrática tras el asalto del presidente a las instituciones. Han convertido en mártir a un villano.