El secuestro y expulsión de Venezuela del eurodiputado Luis Herrero es uno más de los múltiples abusos que Hugo Chávez y sus acólitos perpetran a diario contra la libertad de todos los venezolanos y de quienes pisan ese país. Convertido en auténtico tirano este dictador, que cuenta con la simpatía y el asesoramiento de buena parte de la izquierda española, ha demostrado una vez más en qué consiste su proyecto político: un régimen totalitario respaldado por una camarilla corrupta de mal llamados empresarios, activistas y algunos militares dispuestos a perpetuarse en el poder a costa de lo que sea.
Abrumado por la creciente oposición a sus políticas, Chávez ha organizado un referéndum para el domingo 15 de febrero con el objetivo de cambiar la constitución y así poder presentarse a la reelección presidencial de forma indefinida. Como viene siendo habitual en los últimos diez años, ese proceso está caracterizado por la mordaza impuesta a la oposición, que ha visto como buena parte de su campaña ha sido prohibida por un poder electoral que actúa como alguacil del Gobierno. Ante esta situación, Luis Herrero, en su calidad de observador internacional, cumplió su deber señalando las irregularidades detectadas y afirmando que prácticas como las que llevan a cabo Chávez y sus secuaces son propias de una dictadura.
La respuesta del régimen, una detención ilegal seguida de expulsión del país sin ningún tipo de orden salvo la voluntad del presidente expresada por la presidenta de la Comisión Nacional Electoral, debería haber abierto los ojos a los que todavía se atreven a denominar la dictadura de Chávez de "proceso democrático". Sin embargo, una vez más el PSOE ha decidido culpar a la víctima. Por boca de Elena Valenciano, secretaria de relaciones internacionales socialista, el partido de José Luis Rodríguez Zapatero ha sugerido que el eurodiputado español ha incumplido su código de conducta. La acusación es del todo falsa, ya que una de las funciones de los observadores internacionales en elecciones consiste precisamente en señalar, antes durante y después de la votación, todo aquello que consideren injusto.
Igualmente, la reacción del Gobierno ha sido insatisfactoria. Una reunión con el embajador venezolano en España sustanciada en nada y una asistencia consular y diplomática al expulsado que el Partido Popular considera insuficiente. La escandalosa docilidad y la humillante cobardía del Ejecutivo socialista ante quien sólo se merece el desprecio y la más rotunda condena es cuando menos sospechosa. Más que hacer todo lo posible por agradar al tirano, el PSOE debería explicar a los españoles en qué consisten esas "excelentes relaciones" que según Hugo Chávez su Gobierno mantiene con el nuestro.
Mientras millones de venezolanos dan la batalla contra la opresión y la creciente miseria en las que una década de socialismo del siglo XXI los ha sumido, como ha señalado acertadamente Mariano Rajoy, el Gobierno de España sigue auxiliando al dictador con gestos de aprobación que equivalen a bofetadas contra la democracia y los derechos humanos. Chávez es más popular entre los dirigentes de la izquierda española que entre su pueblo. Actúan como si le debieran algo. Tal vez algún día sepamos qué.