La escandalosa actuación del juez Garzón y del ya ex ministro Bermejo nos ha llevado a todos a centrarnos en las gravísimas responsabilidades que compartían en la cacería pre-electoral contra el PP, pero ha tenido la desafortunada consecuencia de hacernos olvidar a otro de quienes compartieron "el fin de semana cinegético": el policía que tiene a su cargo, irónicamente, al CGPJ, es decir, la Comisaría General de la Policía Judicial.
No obstante, sólo era cuestión de tiempo que, una vez fuera del Gobierno el peor ministro de Justicia que ha tenido el PSOE, que ya es decir, el foco se centrara en otros responsables de la trama que hasta ahora habían gozado de la suerte de pasar desapercibidos. En cualquier caso, han sido los propios tejemanejes entre la Policía y el juez estrella intentando mantener la instrucción en sus nada imparciales manos los que han hecho volver el foco hacia el tercer comensal de la famosa cena de Andújar.
La unidad cuyo informe ha esgrimido Garzón para volver a alargar su inhibición ha sido elaborado por la UDEF, una unidad que depende directamente del comisario que viajó a Jaén para compartir mesa y mantel con el juez instructor de la causa general contra el PP y el entonces ministro de Justicia.
Cuando los poderes del Estado se juntan a discutir "sobre temas de caza" justo cuando se pone en marcha un claro intento de destruir la imagen de honradez del partido de la oposición, labrada por la enorme diferencia en ese aspecto entre los gobiernos de Aznar y González, caben todas las sospechas posibles. Incluso teniendo el PP todo el deseo y la intención de purgar a aquellos de los suyos que puedan haber hecho algo ilegal o meramente impropio, como ya ha hecho con algunos implicados, resulta difícil discernir los casos en que hay indicios reales y aquellos que simplemente se han incluido para hacer el mayor daño posible.
Es más, la corrupción, con ser grave, lo es infinitamente menos que jugar con las instituciones que hacen posible una sociedad libre por lograr unos beneficios electorales. Una actuación decidida de la dirección de un partido puede reducir considerablemente la corrupción en sus filas, pero reestablecer la confianza en la imparcialidad de los poderes públicos es una tarea que requiere mucho más tiempo y constancia, así como una casta política, judicial y policial plenamente consciente de la importancia suprema de esa tarea. En España no tenemos ni una cosa ni la otra.
Habrá quien crea que en Jaén no se habló de esta investigación ni se tomaron decisiones al respecto. Pero la sola duda debería haber llevado a todos los asistentes a dimitir o, como mínimo, inhibirse de este caso. No ha sido así. Y eso obliga a pensar a cualquier ciudadano honrado que algún interés espurio han de tener en este caso. España ha pasado a ser un régimen en el que uno espera que sean Garzón y el policía González, y no el lechero, quien llame a tu puerta a las cinco de la mañana. Y sin que nadie fije la mirada en el portavoz del Gobierno de los GAL.