La decisión del Tribunal Supremo de rechazar la excarcelación del sanguinario Henri Parot, solicitada tanto por el fiscal general del Estado como por la defensa del etarra, constituye un motivo de satisfacción para todos los que creemos en el Estado de Derecho, y no en un mal llamado "proceso de paz", como vía para lograr que los etarras vayan tirando la toalla. Es un revés para un Zapatero que trata de utilizar el anestésico de la "paz", antes incluso de que ETA se lo suministre, para que los españoles sean insensibles a su determinación de burlar el Estado de Derecho y a sus ofertas de impunidad y de un nuevo "estatus político" para el País Vasco.
Como recordarán los lectores, el fiscal general del Estado, y hombre de total confianza de José Luis Rodríguez Zapatero, se alineó con la tesis de los abogados del etarra para que se refundieran en una sola pena las referidas a quien es autor de 27 asesinatos. Así, el etarra podría salir dentro de dos o tres años. Que la defensa se acoja a la interpretación de la ley más favorable a su defendido es tan lógico como ilógico es que lo haga quien representa el poder fiscal. Claro que si quien ocupa ese puesto es un hombre de la máxima confianza de un presidente de Gobierno dispuesto a llegar a pactos con una organización terrorista, hay que extrañarse tan poco de este guiño a ETA como de que Conde-Pumpido haya estado –y siga estando– haciendo la vista gorda ante la actividad política de los proetarras del PCTV y de Batasuna.
La solución que ha dado el Supremo mejora incluso la propuesta de la Audiencia Nacional, aunque haya estimado la acumulación de penas solicitada por la defensa del etarra. Y esto es así, porque el Supremo ha dictaminado que las redenciones se apliquen sobre cada pena individual, por lo que el terrorista cumplirá íntegramente la condena y no saldrá de la cárcel hasta el año 2020, cumpliendo el máximo tiempo de reclusión que contempla el código penal por el que fue juzgado, el del 73.
El presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, tiene motivos para mostrarse satisfecho por la decisión del Supremo, pues como él mismo ha señalado "se ha hecho justicia, y la Audiencia Nacional ha conseguido su objetivo jurídico, aunque sea mediante una fórmula distinta a la propuesta por esta sala".
No obstante, que nadie cante victoria. El pulso del mal llamado "proceso de paz" al Estado de Derecho sigue vigente, y el horizonte que sitúa a los etarras en una mesa de negociación, y no en el banquillo de la justicia, no está en modo alguno disipado. Todo lo contrario. Y si no, que se lo pregunten al proetarra Diaz Usabiaga, que acaba de señalar que ZP "va en la buena dirección"; que se lo pregunten a Llamazares o a cuantos representantes del pacto de Estella o de Perpiñán gozan de las confidencias del presidente del gobierno del 14-M.
Ya podrá el Supremo dictaminar ahora lo que quiera, que si impera la lógica de la negociación, las presiones al Constitucional por parte del Gobierno del 14-M serán lo suficientemente irresistibles como para no comprometer el compromiso de un gobierno que ha ofrecido a ETA "dar salida a los presos" y que, en cualquier caso, tiene el bochornoso recurso del indulto.
Además de un nuevo estatus político soberanista para el País Vasco, eso es lo que nos espera de un presidente del gobierno que equipara a los fusilados, sólo en un bando, de una guerra civil con las víctimas de los atentados terroristas. Esa y no otra, es la infamia de confundir la claudicación de los etarras con el inicio de "un proceso de paz", haya o no comunicado de "tregua".
