"¿Quiénes somos nosotros para arreglar la casa ajena cuando tenemos que arreglar tanto en casa propia?". Podría elaborarse más el planteamiento de Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo, pero no exponerse de un modo tan claro y contundente como lo hizo este lunes en una declaración pública. Es en la fuerza de lo obvio donde radica su originalidad. Asistimos en España a una crisis judicial de primer orden, cuyo síntoma más visible es el malestar general con el estado de la justicia, mientras algunos jueces se empeñan en abrir peregrinas causas que poco o nada tienen que ver con la jurisdicción española, que es la que a ellos les compete.
La jurisdicción universal, un concepto jurídico muy reciente y bastante desconocido, podría resultar razonable siempre y cuando afectase a los intereses de súbditos españoles en el extranjero que, como bien ha indicado Dívar, no hayan sido suficientemente protegidos más allá de nuestras fronteras. Pero de ahí a convertir la jurisdicción universal en una suerte de salvoconducto para incoar causas internacionales y con cualquier pretexto hay un trecho considerable. Demasiados puntos negros tiene la justicia en España como para que sus administradores se dediquen a ir de justicieros por medio mundo.
Baltasar Garzón, el eterno juez estrella cuya ansía de notoriedad es sobradamente conocida dentro y fuera de España, es quizá el representante más distinguido de esta justicia universal ejercida desde un juzgado de Madrid. Pero no es el único ni el más sangrante. Otro juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha emprendido una campaña judicial contra el ejército de Israel por un bombardeo selectivo de éste sobre la casa de un líder de Hamas en un barrio de Gaza allá por el año 2002. De nada ha servido que el propio fiscal de la Audiencia haya pedido que se archive la causa por considerar que España no puede actuar como una "tercera instancia penal" en el caso. Andreu sigue en sus trece provocando incluso un conflicto diplomático con el Gobierno israelí.
Andreu, ocupado en arreglar en casa ajena descuidando el lamentable estado de la propia, se escuda tras el Convenio de Ginebra para juzgar un asunto que ni va ni viene con la justicia española. Y no sólo eso, todo el caso del ataque a Gaza apesta a las consignas clásicas de la izquierda antisemita. La causa, nacida de la denuncia de una ONG palestina, involucra actualmente a siete militares israelíes incluido el ex ministro de Defensa Benjamin Ben-Eliezer, pero en origen incluía al entonces primer ministro Ariel Sharón, objetivo predilecto de la última hornada de judeofobia. Contrasta además el celo de Andreu en investigar al ejército israelí cuando ni él ni ningún otro juez se han preocupado nunca de escrutar las acciones de Hamas dentro de su territorio que no son, precisamente, muy respetuosas con los derechos humanos.
Podría decirse lo mismo de Garzón y sus incursiones internacionales en las que jamás ha iniciado proceso alguno contra dictadores socialistas, con o sin españoles de por medio. Este, según parece, es el universalismo de la justicia española. Un universalismo caprichoso que responde más a criterios ideológicos que jurídicos y que no le hace ningún bien a la justicia, ni a la diplomacia, ni a España.