El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció a bombo y platillo la intervención de las cuentas catalanas antes incluso de que se celebrara el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre para garantizar que la citada consulta no sería financiada con dinero público, cosa que no consiguió, y, posteriormente, la Consejería de Economía y Hacienda quedó bajo el control directo del Gobierno central tras la activación del artículo 155. Sin embargo, de poco han valido tales medidas, a la vista de la comodidad financiera que sigue demostrando el movimiento separatista.
Aunque todavía se desconoce cómo se ha sufragado el surrealista viaje de los 200 alcaldes independentistas a Bruselas para arropar a Puigdemont, todo apunta a que las facturas correrán a cargo del sufrido contribuyente de una u otra forma, ya sea a cargo de los propios ayuntamientos o de la Asociación de Municipios por la Independencia. Esto ya es de por sí preocupante, puesto que se trata de un gasto impropio, cuya cuantía debería salir del bolsillo de los citados alcaldes, pero lo incomprensible es que Hacienda desconozca cómo se ha llevado a cabo dicho desembolso, puesto que, al fin y al cabo, tiene plena capacidad para controlar todas las finanzas públicas de la región.
Lo mismo sucede con el expresidente de la Generalidad. ¿Con qué dinero mantiene su estancia en Bruselas? Es de suponer que su cese ha conllevado la suspensión inmediata de su sueldo público, pero no se descarta que esté recibiendo algún tipo de apoyo económico por parte de la estructura independentista. Que el Gobierno también ignore este aspecto, a pesar de los ingentes recursos de los que dispone, resulta sorprendente e indignante a partes iguales.
Asimismo, las fianzas que han depositado Carme Forcadell y los otros cuatro miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña han sido abonados por la entidad separatista ANC, por valor de 150.000 euros en el primer caso y otros 25.000 por cabeza en el segundo. Este organismo, al igual que Ómnium y el resto de chiringuitos que han montado los separatistas en los últimos años, dependen única y exclusivamente de la ingente lluvia de subvenciones otorgadas por la Generalidad, y, puesto que ésta se mantiene a flote gracias al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), se da la paradoja de que son todos los españoles, y no los golpistas, quienes han desembolsado tales sumas para que salgan de la cárcel, lo cual resulta vergonzoso.
Y lo mismo se podría decir de TV3 y el resto de altavoces propagandísticos a cuenta del Gobierno regional, cuyas finanzas dependen directa o indirectamente del maná público, así como de la estructura paralela del independentismo, formada por entidades y empresas de todo tipo que funcionan a modo de redes clientelares y agencias de colocación para amigos y familiares. Resulta incomprensible que habiendo intervenido las cuentas de la Generalidad, Hacienda todavía no haya cortado de raíz todas estas partidas.
Una de dos: o bien el Gobierno, con Soraya Sáenz de Santamaría a la cabeza, está llevando a cabo una lamentable demostración de ineficacia e ineptitud a la hora de aplicar el 155 o bien carece de voluntad política para desarticular el gran entramado financiero del separatismo. Lo primero sería muy grave, pero lo segundo imperdonable.