Como ya ocurriera con el caso de Banca Catalana, entidad financiera catalana que tras una ruinosa, imprudente y poco clara gestión del Molt Honorable Jordi Pujol tuvo que ser rescatada con el dinero de todos los españoles, el nacionalismo catalán no ha tardado ni un minuto en ocultar toda la basura del oasis debajo de la alfombra cuatribarrada. En este caso, los protagonistas son distintos, pero el partido dentro del que han desarrollado sus tramas no.
Cada vez hay más indicios de que Convergència i Unió, el partido que gobernó con mano de hierro Cataluña hasta el año 2003, se financió de manera ilegal entre 1999 y 2009 a través de la Fundación del Palau de la Música, presidida por el imputado por corrupción Félix Millet.
El informe de la Agencia Tributaria que acaba de hacerse público es meridianamente claro a este respecto: Millet –y su mano derecha, Jordi Montull– actuaba como intermediario entre CiU y empresas privadas que recibían adjudicaciones de las distintas administrciones donde gobernaban los nacionalistas catalanes. Gracias a esta ímproba labor, Millet se embolsaba un 4% de los fondos recibidos. Al parecer, el exiguo 3% no bastaba para colmar las aspiraciones económicas del nacionalismo.
El caso más sonado es el de Ferrovial, que llegó a convertirse en el principal patrón de una fundación supuestamente dedicada a promover la cultura catalana pero en la práctica ocupada, según se desprende de los informes que tiene en su poder el juez, al blanqueo de dinero y a la financiación de partidos políticos. Ferrovial recibía adjudicaciones de las administraciones catalanas y, a cambio, ingresaba suculentas contribuciones al Palau que, tras la mordida del 4% de Millet, iban a parar a CiU o a fundaciones cercanas a la formación, como la Trias Fargas.
Entre las obras públicas cuyas adjudicaciones a distintas empresas redundaron en sinuosos movimientos de fondos se encuentran la reforma del propio Palau de la Música, la edificación del pabellón deportivo de Sant Cugat del Vallés o la construcción de la Ciudad de la Justicia.
Si la presunta financiación irregular, que de momento alcanza la cifra de los 6 millones de euros (1.000 millones de las antiguas pesetas), no se ha convertido en un escándalo nacional de la magnitud de Gürtel o Filesa (donde se acreditó un desvío de 1.200 millones de pesetas) es simplemente porque los propios implicados han comenzado a agitar la "cuestión nacional" a cuenta del Estatut y la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo patriota es centrarse en la independencia y en la defensa de la nación catalana y, en todo caso, dejar para la era postespañola la depuración de los delitos de sus políticos.
El nacionalismo ha convertido a Cataluña en un oasis en el que impera, no la tranquilidad, sino la ley del silencio. Sus políticos en todo momento lo tuvieron claro: cuando Mas le dio a elegir a Maragall entre el Estatut y el 3%, el entonces president no dudó un instante en retirar sus acusaciones. Ahora vemos que no era el 3%, sino el 4%, pero la sociedad está tan anestesiada que parece que no habría ningún tipo de contestación ni aunque se hubiese tratado del 100%.