Dice el refrán que "el que calla, otorga". Sin embargo, la airada y manipuladora respuesta del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, a la noticia desvelada por el diario El Mundo, que le acusa de haber aprobado, dos meses y medio antes de abandonar la Presidencia de la Junta de Andalucía, una subvención de más de 10 millones de euros a una empresa de la que es apoderada su hija Paula, la ha venido a confirmar de manera más efectiva que el más elocuente silencio.
Para empezar, Chaves ha reaccionado mintiendo: "La Junta de Andalucía no ha entregado ni diez millones de euros, ni un solo euro, a Paula Chaves ni a una empresa de Paula Chaves". Sin embargo, la realidad es que Chaves dio diez millones de euros a una empresa apoderada por su hija, algo que el ex presidente de la Junta andaluza no ha podido sino confirmar. Es más, tal y como revela Libertad Digital, estas ayudas se concedieron después de que fueran denegadas por el Gobierno y siendo conscientes de que la empresa presentaba un alto riesgo de impago.
Por mucho que, en el colmo de la desfachatez, Chaves pretenda hacernos creer que no le "constaba" que su hija fuese apoderada de esa empresa por él beneficiada, lo cierto es que cuando el expediente de la compañía llegó al Consejo de Gobierno, la carpeta contenía la escritura de apoderamiento a favor de su hija, apoderamiento que se había inscrito dos meses antes en el Registro Mercantil de Huelva, y que permitía a Paula Chaves en nombre de la empresa "comparecer ante cualquier oficina o funcionario de la comunidad autónoma e instar, seguir o terminar toda clase de expedientes", aparte de "solicitar, tramitar, obtener y, en su caso, ceder, adquirir o transmitir licencias, concesiones y autorizaciones administrativas de todas clases".
No sabemos si el nepotismo es ese nuevo "modelo productivo sostenible" que Zapatero quiere empezar a poner en marcha en Andalucía o, simplemente, que Chaves está acostumbrado a gobernar Andalucía como si de un cortijo se tratara. Su comportamiento, en cualquier caso, constituye una flagrante vulneración del artículo 7 de la Ley 3/2005 de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía, que literalmente dice que "los titulares de altos cargos están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente Registro o persona de su familia dentro del segundo grado civil".
Está visto, sin embargo, que la única decisión de la que se va a inhibir Manuel Chaves es la de presentar su inmediata y más que merecida dimisión.