La relación del Partido Socialista cuando está en el Gobierno y los medios de comunicación no adictos suele ser harto tormentosa. Lo vimos durante los años de plomo del felipismo. Época de infamia en la que desde Moncloa se supervisaba la labor de los profesionales de la información y se sometía a cuidadoso escrutinio a sus responsables. En aquellos años, la primera cadena de radio del país fue aniquilada mediante una fusión ilegal que escondía oscuros intereses a los que la presidencia del Gobierno no era ajena. La prensa escrita que no comulgaba con el régimen o que, simplemente, osaba denunciar los desmanes, fue cercada y, en ocasiones, silenciada sin el menor miramiento. Aunque parezca una eternidad el tiempo transcurrido desde entonces tan sólo han pasado diez años.
Tras el regreso al poder de un partido cuya obsesión por la prensa libre es tan notoria no podía esperase más que intromisiones, zancadillas y algún que otro ridículo. De lo primero, de las zancadillas, la cadena COPE se ha convertido en involuntaria protagonista a lo largo de los últimos meses. De lo segundo ha tenido que ser un juez de la Audiencia Nacional el que lo escenificase. La tarde del jueves el magistrado Del Olmo requirió al director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, toda la documentación del sumario del 11-M que consta en poder de su periódico. Los términos fueron tajantes; o Ramírez accedía en el plazo estipulado a la solicitud del magistrado o sería acusado de un delito de desobediencia.
Ni Pedro J. Ramírez ni el diario El Mundo tienen la obligación legal de acceder a esa petición. Conforme a lo establecido por el Código Penal, no es constitutivo de delito revelar secretos sumariales cuando el que lo hace no está personado en el proceso. El Mundo no lo está, por lo tanto le asiste el derecho de seguir publicando todo lo que sabe sobre ese sumario. Hasta aquí una aclaración jurídica que Del Olmo parece desconocer. Además, y por si lo anterior no fuese suficiente para desmontar los débiles argumentos sobre los que el juez ha edificado su delirante solicitud, a los periodistas de El Mundo les asiste otro derecho no menos importante recogido en el vigésimo artículo de nuestra Carta Magna. Pedro J. Ramírez, como informador, tiene pleno derecho a difundir una información, siempre y cuando sea veraz, y a no revelar sus fuentes. Esto también debería saberlo el juez Del Olmo.
Una vez perpetrado el dislate por el magistrado de la Audiencia Nacional no nos queda más que concluir que alguien está nervioso en La Moncloa, y cuando esto sucede la Fiscalía General del Estado, la encarnada en Candido Conde Pumpido, actúa como un preciso resorte para aminorar la carga de preocupaciones de su inquilino. Nunca antes, ni en los peores tiempos de la corrupción y el crimen de Estado felipistas, un juez había llegado a solicitar documentación a un periódico en esos términos. ¿A quién incomoda de tal manera las informaciones sobre el 11-M que viene dando El Mundo desde hace más de un año?, ¿por qué ahora que se ha cerrado en falso la Comisión parlamentaria, pone el juez que lleva el caso los ojos sobre un simple diario?
