Como recordarán los lectores, una de las últimas maniobras del gobierno de Zapatero para obtener del Tribunal Constitucional un fallo favorable al soberanista e inconstitucional "Estatuto" de Cataluña, fue proponer una reforma de la Ley Orgánica que regula este órgano (LOTC), que, entre otras cosas, permite prorrogar el mandato a su actual presidenta, María Emilia Casas, concluido a mediados del pasado mes de junio.
La continuidad de Casas –una magistrada designada a propuesta del PSOE, proclive a las reivindicaciones nacionalistas y esposa de uno de los asesores contratados por la Generalitat para la elaboración del entonces proyecto estatutario– puede ser decisiva si tenemos en cuenta tanto la fragilidad del equilibrio de fuerzas que coexisten actualmente en el alto Tribunal como el voto (doble) de calidad de quien lo preside en caso de empate.
Ignoramos la causa del evidente enfado, con aspecto de reprimenda, que la vicepresidenta Fernández de la Vega mostró ante la presidenta del Alto Tribunal, y que las cámaras de Libertad Digital TV captaron durante el reciente desfile militar del Día de la Hispanidad. Lo que es un hecho es que gracias a las abstenciones de Casas y del magistrado Guillermo Jiménez Sánchez se ha podido admitir a trámite el recurso del PP contra esta reforma de la LOTC, que afectaba directamente a ambos magistrados. Que Casas y Jiménez Sánchez, en esta ocasión, se hayan limitado con su abstención a respetar un principio tan elemental como no ser juez y parte en la cosa juzgada es algo que no debe comprender muy bien un Gobierno como el de Zapatero, que también designó para el cargo de magistrado del Constitucional a Pérez Tremps, otro de los asesores contratados por la Generalitat para la redacción del proyecto de reforma estatutaria.
En cualquier caso, que nadie crea que este Gobierno da la batalla por perdida. Por mucho que hasta uno de los impulsores políticos de este engendro soberanista, Maragall, haya terminado por reconocer que este "estatuto" era inviable sin una previa reforma de nuestra Carta Magna, el Gobierno de Zapatero moverá cielo y tierra con tal de que el Alto Tribunal, en la sentencia más trascendental de toda su historia, acepte al pulpo como animal de compañía.
