Uno de los fundamentos inexcusables de la democracia es la honradez de los que se dedican a la cosa pública. Es por eso que los políticos no sólo deben conducirse con rectitud, sino también dar una imagen de probidad. La penúltima estación del ramal valenciano del caso Gürtel ha terminado por salpicar a Francisco Camps. El delito del que se le acusa es menor, pero las consecuencias políticas podrían ser mucho mayores como consecuencia de la mala estrategia para defenderse que ha empleado el político valenciano desde un primer momento.
El importe de los trajes hechos a la medida que, siempre según el juez, Camps recibió de las empresas de Correa, no es especialmente significativo y el sentido común parece dictar que el presidente de una Comunidad Autonóma no se corrompe por tan poca cosa. Sin embargo, según se extrae del auto hecho público por el juez Flors, Camps mintió a la opinión pública cuando aseguró que aquellos trajes los había pagado en metálico y de su bolsillo.
A no ser que Camps o el PP sepan algo que tanto nosotros como el juez ignoramos, parece claro que el camino que debería haber seguido Camps es el de reconocer que había recibido un regalo, asegurar que lo aceptó ignorando los sucios tejemanejes de la trama de Correa, pagar a continuación su importe y pedir perdón a la opinión pública. Pero en lugar de eso, se defendió haciéndose acompañar de todo su partido, por lo que cualquier duda sobre la veracidad de esta defensa le hace especial daño tanto a él como a la dirección del PP.
Y eso es precisamente lo que ha ocurrido. La estrategia adoptada por Camps ha sido severamente dañada por el juez, lo que le obliga a dar dos explicaciones y no una. La primera aclarar cuáles son sus vínculos con Servimadrid Integral, la empresa que pagó los trajes a través de un cheque. La segunda confirmar o desmentir los indicios de delito que aprecia el juez Flors en su auto. A estas alturas, Camps ya no se encuentra ante una elección que puede posponer o eludir, sino ante una obligación que tiene que atender y hacerlo, además, cuanto antes.
El auto del TSJCV ha cambiado el campo de juego, desde ayer el asunto de los trajes se juega en el terreno judicial y no en el político o el periodístico como ha venido sucediendo hasta ahora. Durante lo que queda de semana, Camps está en plazo para recurrir el auto ante el mismo juez que lo ha dictado, como ya ha anunciado que hará. Si Flors se mantuviera en sus trece, Camps quedaría en una posición muy delicada, porque con el auto en firme al presidente de la Comunidad Valenciana sólo le restaría defenderse ante un tribunal con un jurado popular, con lo que ello podría tener de desgaste para la institución que preside.
En cualquier caso, Francisco Camps no es el único damnificado de todo este escándalo. La dirección nacional del Partido Popular, es decir, Mariano Rajoy, ha puesto algo más que la mano en el fuego por su barón levantino y en cierto modo han ligado sus destinos políticos. Rajoy queda, de esta manera, expuesto a idéntico escrutinio público y conminado a dar explicaciones tan pronto como le sea imprescindible hacerlo a Camps. Con esto, evidentemente, no contaba el líder popular, y ese no ha sido un error de Camps sino enteramente suyo.