El sectarismo ideológico y la sumisión de cualquier consideración sensata al proyecto alocado de unos radicales dedicados en cuerpo y alma a la secesión de un territorio, tiene siempre un coste que acaban pagando los ciudadanos.
El temporal de nieve que se ha abatido sobre gran parte de España en esta última semana ha tenido las lógicas consecuencias que trastornan la vida cotidiana de los ciudadanos, pero nada comparable a lo que han debido soportar y continúan sufriendo los residentes de gran parte de la provincia de Gerona.
Algo muy serio debe ocurrir en una región de España cuando sus habitantes se ven privados de suministro eléctrico durante una semana a consecuencia de un fenómeno natural, sin que las autoridades sepan hacer otra cosa que culpar a los proveedores obviando su propia responsabilidad. Y lo que sucede es que esas mismas autoridades tienen como prioridad la realización de un proyecto político de carácter secesionista al que someten cualquier otra consideración, incluido el cumplimiento de su deber como responsables de garantizar que los ciudadanos a los que representan no deban verse en una situación más propia del tercer mundo que de un país avanzado.
Pero la responsabilidad del tripartito catalán va mucho más allá de la dejación de su deber de gobernar garantizando el bien común, porque son precisamente los partidos integrados en ese Gobierno los que han causado, con su sectarismo ideológico, la catástrofe que ahora padece una parte importante de los ciudadanos a los que representan.
Cataluña debe ser uno de los pocos lugares del mundo en que sus dirigentes políticos dedican los mayores esfuerzos a impedir el progreso de sus ciudadanos, especialmente en un tema tan importante para las sociedades modernas como el suministro de electricidad. A las carencias de España en materia de producción energética, consecuencia del radicalismo ecológico de nuestra izquierda y la cobardía política de la derecha, se suma en el caso catalán un grave problema de distribución. Las compañías eléctricas, con Endesa en primer lugar, llevan diez años solicitando los permisos necesarios para conectar la red eléctrica española con la francesa a través de una línea de muy alta tensión, pero el proyecto sigue empantanado ante la oposición de partidos como ICV y ERC actualmente en el Gobierno de esa comunidad autónoma.
Se da la paradoja de que mientras Joan Saura continúa aturdido desde la consejería de Interior sin atinar a decir o hacer algo aprovechable para paliar la catástrofe, su segundo en el departamento, Joan Boada ha sido tradicionalmente uno de los principales impulsores de las manifestaciones en contra de la realización de una infraestructura que hubiera solucionado todos los problemas contra los que ahora deben enfrentarse. El otro socio de Gobierno del presidente José Montilla, Esquerra Republicana, no quiso quedarse atrás en la tarea descivilizadora de la izquierda nacionalista, y también ha dedicado estos años a movilizar a sus cargos electos y los ayuntamientos que gobierna en contra de un proyecto que reclaman insistentemente los empresarios y ciudadanos de la zona noreste catalana.
El sectarismo ideológico y la sumisión de cualquier consideración sensata al proyecto alocado de unos radicales dedicados en cuerpo y alma a la secesión de un territorio tiene siempre un coste, como se viene observando desde que el tripartito llegó al poder de la Generalidad y ahora sufren en sus carnes todos los ciudadanos, entre ellos sus votantes. El desastre social, la negación de derechos básicos y el desprestigio internacional son, como vemos, los principales frutos del tripartito. En manos de los votantes catalanes está la solución. Si no actúan en consecuencia frente a las urnas, en adelante no tendrán derecho a quejarse.
