Si algo hay que destacar de la breve intervención en la que Fernández Bermejo ha hecho pública su dimisión –así como de la referencia que de este asunto ha hecho el presidente del Gobierno ante las cámaras de Antena 3–, es su absoluta renuencia a admitir el más leve error en toda su pésima actuación como ministro de Justicia.
Lo cierto, sin embargo, es que, a pesar del victimismo exhibido, Bermejo arrastraba desde hacía mucho tiempo, no una, sino muchas razones por las que cesar o ser cesado como ministro. Desde que llegó al cargo, lejos de enmendar, acentuó un sectarismo del que ya había hecho gala durante sus tiempos como fiscal, cuando perseguía judicialmente a algún ministro del PP o cuando se definía como "rojo" y reconocía que como tal actuaba.
No hay que extrañarse, por ello, de los continuos enfrentamientos que Bermejo ha protagonizado, no ya con el principal partido de la oposición, sino con prácticamente la totalidad de los representantes del mundo de la judicatura: desde los funcionarios de Justicia, que mantuvieron una huelga durante más de dos meses, hasta los jueces que han convocado un huelga, por primera vez en la historia de nuestro país, pasando por los miembros del Consejero General del Poder Judicial que mostraron su disgusto por los comentarios del ministro sobre la sanción impuesta al juez sevillano Rafael Tirado y consideraron sus críticas como una injerencia.
Al colapso y las dilaciones judiciales, que se han disparado durante su mandato, hay que unir el no menos escandaloso capítulo que Bermejo protagonizó un año después de su nombramiento, como fue el de gastarse más de un cuarto de millón de euros de los contribuyentes en reformar el ático de más de 200 metros cuadrados que se le había asignado por su cargo y que hasta ese momento había ocupado la ex ministra de Vivienda María Antonia Trujillo.
Sin embargo, qué duda cabe de que el escándalo que ha convencido a Zapatero de que la continuidad de Bermejo dañaba su propia imagen ha sido la participación del ministro en una cacería, junto al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y el jefe de la policía judicial, sólo un día después de que el magistrado ordenara la detención del empresario Francisco Correa y de dos de sus principales colaboradores, en lo que es presentado, de momento sin fundamento alguno, como una trama de corrupción en beneficio del Partido Popular. Eso, por no hablar del justificado revuelo que también causaba, pocos días después, el saber que el ministro de Justicia acostumbraba a cazar sin licencia y en fincas del Estado donde está prohibido hacerlo.
Por todo esto es por lo que, sin quitar la razón a la dirigente de UPyD Rosa Diez, quien ha señalado que también deberían dimitir los diputados socialistas que arroparon a Bermejo al grito de "torero, torero", el otro gran cese exigible es el del juez Baltasar Garzón.
A su condición de ex número dos del PSOE con González y su escandaloso alineamiento con el actual Gobierno durante la "paz sucia" con ETA, se añaden las bochornosas filtraciones del sumario, de las que Garzón, como instructor, es el máximo responsable, y que han puesto bajo sospecha a cualquier dirigente del PP por el mero hecho de serlo. Eso, por no hablar de la falta de competencia, por estrictas razones procesales, de la Audiencia Nacional, en general, y de Garzón, en particular, para continuar con el caso.
Finalmente, sólo nos cabe decir que, si Zapatero no tiene duda, tal y como ha afirmado, de que Bermejo "seguirá al servicio del PSOE" en su condición de diputado, nosotros tampoco tenemos duda de ello. De hecho, Bermejo no ha hecho otra cosa como ministro y no hizo otra cosa como fiscal. Lo que nos parecería vergonzoso es que alguien lo siga haciendo desde la Audiencia Nacional.