Parece ser que ni el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se han dado por enterados (o querido darse por enterados) de la declaración de independencia de Cataluña proclamada el martes por Carles Puigdemont en el Parlamento catalán. No se explica, de otro modo, que, en lugar de presentar inmediatamente una querella contra el presidente de la Generalidad por un delito de rebelión (tipificado claramente como tal en el artículo 472.5 del Código Penal), el máximo responsable del Ministerio Público guarde silencio; o que el presidente del Gobierno, en el colmo del surrealismo, se haya visto en la necesidad de pedir una aclaración al cabecilla del golpe de Estado para que "confirme" si ha declarado la independencia de Cataluña.
Lo peor de todo, sin embargo, es la brutal manipulación mediática y política que ha hecho pasar esa surrealista petición de aclaración al todavía impune y ya reincidente delincuente que preside la Generalidad como si se tratase del "requerimiento previo" del que habla el artículo 155 de la Constitución. Ese "requerimiento previo" tiene como finalidad la de exigir al presidente de la comunidad autónoma el inmediato cumplimiento de las obligaciones que las leyes le imponen o el inmediato cese de actuaciones que atenten gravemente contra el interés general de España, incumplimientos e ilegales actuaciones que el legislador da por descontadas y no susceptibles de ser valoradas por el presidente autonómico que las ha perpetrado.
La decisión de Rajoy de incluir al mismo tiempo un segundo requerimiento –este sí– en el que insta a Puigdemont a cesar en dichos "incumplimientos" y "actuaciones" nos aboca a tener que esperar al día 19 de octubre para conocer cuáles son las medidas que Rajoy propone al Senado para forzar el acatamiento del orden constitucional por parte de la Administración autonómica en rebeldía, medidas que podrían significar –o no– su suspensión parcial, total, temporal o indefinida.
No menos grave es la circunstancia de que este esperpéntico compás de espera esté afectando a la acción de la Justicia, como ilustra el inquietante hecho de que la Fiscalía General del Estado no haya instado querella alguna contra los cabecillas del golpe y máximos mandatarios de la Generalidad desde el pasado 7 de septiembre, con ocasión de la convocatoria del 1-O. Pasividad inexplicable si se tiene en cuenta la cantidad de delitos que se han perpetrado desde entonces y el hecho de que sí se ha procedido judicialmente contra los subordinados de Puigdemont, como el mayor de los Mossos d'Esquadra, o los presidentes de Òmnium Cultural y la ANC. ¿Cómo es posible que se haya abierto causa judicial por delito de sedición contra quienes, como Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, sirvieron de correas de transmisión del público y sedicioso llamamiento de Puigdemont del 20 de septiembre pero no se haya incluido en la causa a la autoridad que incitó públicamente dicha sedición? ¿También la implicación de Puigdemont en estos hechos va a quedar a juicio del propio Puigdemont?
Eso, por no olvidar la inolvidable y escandalosa decisión de la Fiscalía, tras la dimisión de Torres Dulce como fiscal general, de retirar de su escrito de acusación contra Artur Mas los delitos que implicaran penas de cárcel (usurpación de funciones y malversación); decisión del Ministerio Público tomada en paralelo a la decisión del Gobierno de Rajoy de impulsar lo que se conoció como operación Diálogo, a cargo de Soraya.
Todo apunta a que esta inexplicable impunidad de Puigdemont y esta igualmente inexplicable resistencia de Rajoy a suspender una Administración que lleva en rebeldía desde 2012 obedecen a ese "diálogo dentro de la legalidad" que este mismo miércoles el presidente del Gobierno ha vuelto a ofrecer a unos golpistas a los que ningún propósito de enmienda les debería evitar soportar todo el peso de la ley. En este mismo repugnante sentido apuntan las esclarecedoras declaraciones de Pedro Sánchez, en las que ha asegurado haber acordado con Rajoy la puesta en marcha de una comisión constitucional para "modernizar" la Carta Magna.
Habida cuenta de las inocultadas ganas de Rajoy –no digamos de Pedro Sánchez– de contentar a los nacionalistas, todo apunta a que la Cataluña nacionalista va a seguir gozando –con o sin reforma constitucional– de una inadmisible independencia de facto si Puigdemont renuncia a que dicha independencia sea declarada y reconocida de iure.