Mientras el secesionismo catalán se plantea distintos escenarios para poder seguir llevando adelante su proceso de ruptura con España, desde el ámbito constitucionalista no parece haber más reacción que las palabras de despedida de Francisco Pérez de los Cobos como presidente del Tribunal Constitucional, con las que ha advertido al Gobierno de que el TC "no puede resolver por sí solo" el desafío secesionista.
Ejemplo de lo primero lo constituyen las declaraciones de Oriol Junqueras en las que se ha mostrado partidario de que todos los miembros del Gobierno regional catalán firmen "de forma colectiva" la convocatoria de un nuevo referéndum secesionista; o la propuesta de la sedicente Asamblea Nacional de Cataluña de que el Parlamento regional declare directamente la independencia de Cataluña en el caso de que el Gobierno de Rajoy se atreva a impedir la celebración de la consulta. Evidentemente, ambas propuestas están destinadas a disuadir cualquier reproche penal por parte del Estado a base de extender la responsabilidad jurídica por los desmanes que se pretenden perpetrar.
Aunque desde el primer momento Libertad Digital se ha mostrado partidario de abortar tan explicito y firme desafío al Estado de Derecho por la vía política y preventiva que conlleva la suspensión de la Administración en rebeldía mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, nada impediría, una vez perpetrados los nuevos delitos de desobediencia, extender la actuación penal a todos los miembros del Gobierno autonómico que, con su firma, hubiesen avalado esa nueva convocatoria ilegal de referéndum.
En cuanto a la posibilidad de que el Parlamento regional proclamase directamente la independencia de Cataluña, sin necesidad de un nuevo referéndum, nada impediría proceder directamente contra el presidente de esa cámara o contra el responsable de que tan inconstitucional proclama se sometiera a votación. De hecho, esto es lo que se ha hecho con Carme Forcadell por permitir en su día que se sometiese a votación el inicio del proceso de desconexión destinado a crear en Cataluña "un Estado independiente en forma de república". Por cierto, no es la primera vez que los separatistas se plantean este escenario, pues ya se contemplaba, tras la consulta del 9-N, en el llamado Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña, publicado por el Consejo para la Transición de Cataluña.
A diferencia de las formaciones constitucionalistas, que esperan a verlas venir para luego no hacer otra cosa que endosar el problema al Tribunal Constitucional, las secesionistas siempre han actuado de forma muy previsora, contemplando distintos escenarios en función de las posibles reacciones del Gobierno de la Nación. Aunque algunos de estos escenarios sobrevaloren la reacción gubernamental, no parece, lamentablemente, que Rajoy vaya a hacer nada distinto de lo que no hizo para impedir la consulta del 9-N.
En cualquier caso, haya o no una nueva consulta secesionista, la proclamación de la independencia de Cataluña, aunque no fuera jurídicamente vinculante, constituiría un nuevo delito de prevaricación, desobediencia, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos, que debería tener consecuencias penales para sus autores.
Finalmente, las declaraciones de Pérez de los Cobos, en las que el todavía presidente del TC reconoce que las numerosas sentencias de este tribunal no han servido para restablecer el orden constitucional en Cataluña, no deberían servir para avalar un proceso de diálogo como el que los nacionalistas están empeñados adelante al margen de la ley y de los preceptos constitucionales, sino para que se tome conciencia de que las leyes y las sentencias de nada sirven si el Gobierno –no por nada llamado Poder Ejecutivo– no las hace cumplir y rehuye su obligación de proceder penalmente contra quienes incurren en delitos de desobediencia. Naturalmente, es necesario que haya un tribunal que dictamine la compatibilidad o no de las leyes y las actuaciones políticas con la Carta Magna; pero es necesario, además, que el Gobierno de la Nación deje de mirar para otro lado ante el caso omiso que los gobernantes regionales en rebeldía hacen a los pronunciamientos judiciales. Y esto es tan necesario como que el Gobierno de la Nación deje de financiar de forma extraordinaria a los sediciosos, financiación sin la cual la Administración catalana jamás podría haber afrontado los formidables gastos que el proceso secesionista conlleva.
Es dudoso que la falta de reacción del Gobierno y, en general, de una clase política española que lo apuestan todo a un proceso de diálogo y a un acuerdo con el que los golpistas sólo podrían salir beneficiados sirva para evitar la creación en Cataluña de un Estado independiente en forma de República. Lo que es evidente desde hace muchos años es que este persistente intento –por el que también parece abogar Pérez de los Cobos– de contentar a unos golpistas que no se van a contentar de nada ha servido para restablecer el orden constitucional en Cataluña, ni para fortalecer a la Nación entendida como Estado de Derecho.