Resulta difícil de entender el auto del sustituto de Garzón en la Audiencia Nacional, el juez Pablo Ruz, en el que anuncia que no citará a declarar al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, por el chivatazo a ETA. Dado que el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, está imputado por el caso, resulta cuando menos incongruente obviar las llamadas de un superior jerárquico en los instantes del crimen, especialmente cuando pidió días antes identificar a los propietarios de los números de teléfono implicados. Parece más una renuncia a investigar de dónde provinieron las órdenes que una decisión que corresponda a la lógica procesal.
Resulta congruente, por tanto, la reacción de la asociación Dignidad y Justicia –cuyo esfuerzo por aclarar los hechos es muy de agradecer–, al sospechar que "la política ha metido sus garras dentro de la Justicia". Hay que recordar que el delito, posiblemente el hecho más grave acaecido en nuestro país desde los atentados del 11-M, sucedió en plena negociación del Gobierno del PSOE con ETA, por lo que resulta completamente consecuente pensar que se cometió para facilitar las conversaciones.
Camacho fue también responsable de elaborar unos supuestos informes de verificación que afirmaban falsamente el cese total y absoluto por parte de la banda de cualquier actividad terrorista, mientras la ETA seguía extorsionando a los empresarios vascos y aprovisionando su arsenal. Por tanto, no cabe dudar de su implicación en aquel proceso que en Libertad Digital calificamos como de rendición por lo lejos que llegó el PSOE en las cesiones a las que estaba dispuesto a someter a la Nación española para contentar a los asesinos. Sin duda, debe primir la presunción de inocencia en un proceso penal; pero eso no significa renunciar a investigar a quien tenía el móvil –en los dos sentidos– y la posición jerárquica adecuada para dar las órdenes.
El chivatazo es una de tantas razones para manifestarse mañana día 5, a las 5 de la tarde, con las víctimas del terrorismo. No es que tengan derecho a dudar de la palabra de Rubalcaba, como ha concedido con su habitual aire de perdonavidas el vicepresidente del Gobierno, es que es la obligación de cualquier ciudadano con un poco de memoria. El chivatazo que permitió al cobrador del aparato de extorsión de ETA huir de la Policía tuvo lugar bajo este Gobierno, el de Zapatero y Rubalcaba. Nos mintieron durante todo el proceso, lo reconocieron y pretenden ahora que les creamos cuando 40 ayuntamientos vascos siguen gobernados por ANV y se están acercando presos al País Vasco. No hay que manifestarse ante el lógico temor de que lo vuelvan a intentar, sino ante la certeza del precio que ya estamos pagando.