La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, actúa como cualquier político izquierdista ante la existencia de lo que, a su entender, constituye un problema social. El progresismo consiste, esencialmente, en que un grupo de ungidos debidamente instalado el poder posee en el derecho de coaccionar a la sociedad civil para alcanzar un determinado objetivo, para lo cual utiliza las herramientas compulsivas que la ley pone en su mano.
La nula confianza en la capacidad del ser humano para ordenar su existencia interactuando con sus semejantes es la causa de que, cada vez más, los políticos, especialmente si son de izquierdas, vayan ocupando mayores parcelas de poder en detrimento de los derechos y libertades civiles de los ciudadanos.
El anuncio que, a modo de globo sonda, ha hecho el Ministerio de Sanidad por boca de su titular sobre el endurecimiento de la legislación antitabaco constituye un nuevo ataque a la propiedad privada por cuanto el Gobierno se propone dictar a los dueños de los locales destinados principalmente a la restauración y el ocio lo que sus clientes pueden o no hacer dentro de ellos.
El Gobierno crea, por tanto, un problema donde no lo hay, puesto que cada hostelero sabe mejor que nadie cómo tratar el consumo de tabaco en su propiedad para proporcionar el mayor grado de satisfacción a sus clientes. De esa capacidad para atender las necesidades del público depende su beneficio económico, que es el mejor incentivo para la coordinación social. Quien quiere acudir a un restaurante sin la molestia del humo del tabaco, tiene a su disposición locales en los que está restringido el derecho a fumar y otros donde está terminantemente prohibido. Lo que pretende ahora el ministerio, en cambio, es imponer bajo su único criterio una normativa que impedirá a los empresarios de hostelería decidir sobre el consumo del tabaco, un producto totalmente legal, en los locales que albergan sus negocios.
Se escuda la ministra Jiménez en que el tabaco provoca muchos problemas de salud. Siendo cierto lo anterior, no lo es menos que otras sustancias también legales como las bebidas alcohólicas acarrean perjuicios de mayor gravedad social por su influencia directa en el comportamiento de quien las consume, y no hay constancia de que el ministerio se disponga a prohibirlas en coherencia con su posición contra los que ejercen su libre derecho a fumar.
El gasto sanitario por las enfermedades provocadas por el consumo de tabaco es el segundo argumento que la ministra pone sobre la mesa para justificar su decisión, pero la solución a ese dilema es bien sencilla. Bastaría con que los gobiernos dejaran a los ciudadanos ocuparse de su salud de forma privada, sustituyendo el sistema público –y obligatorio– de Seguridad Social que impera actualmente por otro modelo en que cada contribuyente velara por su salud en la forma que estimara pertinente.
Sin embargo, ningún Gobierno está dispuesto a dejar el control de la salud en manos de los ciudadanos. A los usuarios nos consideran menores de edad para decidir y a los empresarios incapaces de gestionar adecuadamente sus negocios sin la tutela coactiva del Estado. El resultado, como siempre que los políticos deciden intervenir sobre un problema aparente, será mayor descoordinación social y más costes para los afectados.